Por Redacción:
Washington D.C. 7 de enero de 2026. – El presidente Donald Trump anunció este miércoles que Estados Unidos controlará los ingresos generados por la venta del petróleo venezolano, bajo un nuevo acuerdo que obliga al gobierno interino de Delcy Rodríguez a utilizar ese dinero exclusivamente para comprar productos fabricados en Estados Unidos. En un comunicado publicado en Truth Social y replicado en sus redes, Trump detalló que Venezuela entregará entre 30 y 50 millones de barriles de crudo sancionado de alta calidad a Estados Unidos, vendidos a precio de mercado, pero con los fondos manejados directamente por Washington para garantizar que se destinen a productos agrícolas estadounidenses, medicamentos, dispositivos médicos y equipos para mejorar la red eléctrica y las instalaciones energéticas de Venezuela. “Venezuela se compromete a hacer negocios con Estados Unidos como su principal socio: una decisión acertada y muy beneficiosa para el pueblo venezolano y para Estados Unidos”, escribió Trump, enfatizando que este mecanismo corta cualquier flujo hacia adversarios como Rusia, China o Irán y asegura que los recursos petroleros beneficien directamente la reconstrucción bajo supervisión estadounidense. El anuncio fue reforzado por el secretario de Energía Chris Wright, quien declaró que Washington controlará las ventas de petróleo venezolano “indefinidamente” y decidirá cómo se usan los proceeds, en un esquema que incluye la exclusividad de compras “made in USA” para evitar desvíos o corrupción. Wright agregó que el acuerdo obliga a Venezuela a priorizar socios estadounidenses en la producción y exportación de crudo pesado, con el retorno de compañías como ExxonMobil y Chevron para invertir miles de millones en reparar la infraestructura de PDVSA. La medida llega días después de la juramentación de Delcy Rodríguez como presidenta encargada y de la captura de Nicolás Maduro, y se enmarca en la política de “máxima presión” que Trump ha impulsado desde su regreso a la Casa Blanca, con amenazas explícitas de una “segunda ronda” de acciones militares si no hay cumplimiento total. Rodríguez, en respuesta inicial, ha mantenido un tono de “cooperación equilibrada y respetuosa”, pero no ha rechazado abiertamente el esquema, lo que genera especulaciones sobre negociaciones secretas para evitar mayor aislamiento económico o intervención directa. El gobierno interino ha enfatizado que cualquier acuerdo debe preservar la soberanía, aunque analistas señalan que el control de fondos equivale a una tutela financiera de facto sobre el petróleo, la principal fuente de ingresos venezolanos. La oposición venezolana, liderada por figuras como María Corina Machado y Edmundo González, criticó el plan como una “entrega de soberanía” y exigió transparencia sobre cómo se distribuirán los recursos, mientras que colectivos chavistas lo califican de “saqueo imperialista” y convocan protestas. Internacionalmente, Rusia y China condenaron el anuncio como una violación al derecho internacional y al principio de no injerencia, mientras la Unión Europea y la ONU pidieron diálogo y respeto a la soberanía venezolana. Los precios del petróleo global muestran volatilidad ante la incertidumbre, con posibles beneficios para el consumidor estadounidense si el crudo entra en refinerías del Golfo de México a bajo costo. Expertos en energía advierten que el control indefinido de ventas podría enfrentar resistencias internas de milicias o facciones chavistas que controlan campos petroleros, y que el esquema depende de la lealtad del alto mando militar a Rodríguez. Trump, por su parte, celebró el acuerdo como un “éxito para América Primero”, destacando que recicla los ingresos petroleros en la economía estadounidense, genera empleos en sectores agrícolas y farmacéuticos, y debilita la influencia de rivales geopolíticos en la región. El anuncio consolida la posición de EE.UU. como árbitro de facto de la transición venezolana, con el petróleo como herramienta central de presión y recompensa.