marzo 15, 2026
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Por Redacción

Torreón, 15 de marzo de 2026.- El regidor de Morena y secretario de la Comisión de Gobernación y Reglamentación del Ayuntamiento de Torreón, Gabriel Francisco Pedro, manifestó su oposición a la iniciativa de dotar de armas a los agentes viales, argumentando que la ciudadanía no está de acuerdo y que existe el riesgo de acrecentar comportamientos prepotentes en algunos elementos. La declaración se produce en el marco del proceso de integración de la Dirección de Tránsito y Vialidad a la Dirección de Seguridad Pública Municipal, cuya modificación de reglamentos será discutida en comisiones la próxima semana.

El edil morenista advirtió que votará en contra del cambio de reglamentación si antes no se realiza una revisión profunda del proyecto. “La ciudadanía no está de acuerdo con que se dote de armas a los agentes viales”, afirmó Pedro, quien señaló haber recabado la opinión de los habitantes durante su interacción en las calles.

Entre los principales argumentos expuestos por el regidor destaca la preocupación por el comportamiento de algunos elementos de tránsito. “Lo que mucha gente nos ha manifestado es que, de antemano, hay elementos que son muy prepotentes, y que al portar un arma se va a acrecentar ese comportamiento”, explicó el funcionario municipal.

La iniciativa de reforma llega en el contexto de la reorganización de las áreas de seguridad vial y pública del municipio, que busca unificar criterios operativos. Sin embargo, el proceso ha generado debate sobre la capacitación, el perfil psicológico y la preparación necesaria para que los agentes viales porten armas de fuego.

La próxima semana, las comisiones del Ayuntamiento de Torreón analizarán la propuesta de modificación reglamentaria, donde se espera un intenso debate entre los diferentes grupos políticos representados en el cabildo. La postura del regidor de Morena marca una clara divergencia con lo que se presume sería la posición oficial del gobierno municipal.

El proceso de consulta ciudadana referido por el regidor no ha sido cuantificado oficialmente en términos de número de participantes o resultados específicos, lo que podría generar cuestionamientos sobre la representatividad de las opiniones recabadas. La discusión se enmarca en el broader debate nacional sobre el uso de la fuerza por parte de diferentes cuerpos policiales y de seguridad.

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