Por Redacción
México., 16 de marzo de 2026.- La presidenta Claudia Sheinbaum anunció este lunes desde Palacio Nacional el envío al Congreso de la Unión de un ‘Plan B’ de reforma electoral, una iniciativa más acotada que busca recortar presupuestos de congresos locales, el Senado y reducir el número de regidores municipales. La propuesta, que será remitida este martes 17 de marzo, tiene como objetivo reorientar los recursos ahorrados —estimados en unos 4,000 millones de pesos— hacia obra pública en estados y municipios, luego de que una reforma más ambiciosa (conocida como ‘Plan A’) fuera rechazada el 11 de marzo por la Cámara de Diputados, incluso con el voto en contra de sus aliados del Partido del Trabajo (PT) y el Partido Verde Ecologista de México (PVEM).
La nueva iniciativa representa un acuerdo alcanzado durante el fin de semana con el PT y el PVEM, y deja de lado, al menos temporalmente, cambios más controversiales a nivel federal como la reducción del financiamiento a los partidos políticos o modificaciones sustanciales al Instituto Nacional Electoral (INE) y al Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF). Sheinbaum señaló que, con esta propuesta, los recursos ahorrados serán etiquetados específicamente para obra pública, aunque el mecanismo legal preciso para ello no fue detallado.
“El objetivo es reorientar presupuesto de congresos locales, el Senado y reducir regidores, para que esos recursos se queden en municipios y estados para obra pública”, declaró la mandataria. Añadió que continuará insistiendo en reducir los privilegios de los partidos políticos, un objetivo que reconoció no se logró incluir en esta propuesta acordada.
Análisis editoriales han caracterizado la reforma como una carga de austeridad que recaería principalmente en estados y municipios, vulnerando el federalismo, mientras que salva a las instituciones electorales federales. Un reporte periodístico citó ejemplos del alto costo por legislador: en Baja California asciende a 34,867,503.28 pesos, mientras que en Colima es de 5,170,000.00 pesos, cifras que ilustran el potencial ahorro que la administración federal busca capitalizar.
El ‘Plan A’ rechazado la semana pasada incluía, según análisis, una reducción de la Cámara de Diputados de 500 a 400 integrantes. Se ha sugerido que el PT y el PVEM se opusieron por temor a un partido hegemónico y a perder su registro político. El nuevo ‘Plan B’ parece ser una concesión para obtener el apoyo necesario de estos aliados, enfocándose en recortes a nivel subnacional.
La iniciativa se enviará al Congreso en un contexto político complejo, donde la oposición ha criticado previamente intentos de modificar el sistema electoral. Aún se desconoce el texto completo de la propuesta, el número específico de regidores y legisladores locales que se busca reducir, así como la postura oficial y detallada de los partidos de oposición. El proceso de aprobación requerirá de mayorías en ambas cámaras del Congreso y posiblemente de la ratificación de los congresos locales, dependiendo de la naturaleza de las reformas constitucionales que se planteen.
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