Por Redacción
México, 18 de marzo de 2026.- La presidenta Claudia Sheinbaum envió al Senado de la República una nueva iniciativa de reforma electoral, denominada “Plan B”, que incluye cambios en el proceso de revocación de mandato, una reducción en el número de regidores municipales y la imposición de topes salariales para funcionarios electorales. La propuesta llega luego de que el llamado “Plan A” fuera rechazado en la Cámara de Diputados y debe ser aprobada antes de septiembre de 2026 por una restricción constitucional.
Entre los puntos centrales de la iniciativa se encuentra la modificación a la figura de la revocación de mandato, la cual permitiría a la titular del Ejecutivo hacer campaña para promover su continuidad y adelantaría el plazo para solicitarla al tercer año de gobierno. Asimismo, plantea una reducción significativa en las estructuras municipales, estableciendo que el número de regidores por ayuntamiento oscile entre 7 y 15, dependiendo del tamaño de la población, y elimina el principio de paridad de género en estas regidurías.
La iniciativa también contempla un tope presupuestal para los congresos locales, que no podrán superar el 0.7% del presupuesto total de su estado, y establece topes salariales para los consejeros y magistrados de los órganos electorales. El senador Ricardo Monreal, coordinador de Morena, destacó que la propuesta busca una “austeridad republicana” y anunció que se trabaja en una reforma judicial complementaria.
El Partido Verde Ecologista de México (PVEM), a través de su coordinador Manuel Velasco, anunció su apoyo “unánime” al Plan B, aunque se registró una contradicción al conocerse que el senador Luis Armando Melgar no ratificó su voto y solicitó una revisión previa del texto. Por su parte, la oposición, encabezada por la senadora panista Kenia López Rabadán, criticó la iniciativa, señalando que bajo el argumento de austeridad se autoriza a la presidenta a hacer campaña con recursos públicos no especificados.
El contexto de esta propuesta se enmarca en las 741 investigaciones iniciadas por la Fiscalía Especializada en Delitos Electorales (FISEL) durante 2025. La iniciativa deberá ser discutida y votada en el Senado, donde la coalición oficialista busca consolidar los votos necesarios para su aprobación, en medio de un debate político sobre el futuro del sistema electoral mexicano y los límites del gasto público en las instituciones democráticas.
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