Por Redacción
Brooklyn, Estados Unidos, 18 de marzo de 2026.- Servando Gómez Martínez, alias ‘La Tuta’, exlíder del cártel Los Caballeros Templarios, se declaró inocente este martes ante un juez federal en la Corte de Distrito del Este de Nueva York, en Brooklyn, por cargos de conspiración para traficar cocaína y metanfetamina hacia Estados Unidos. El acusado, quien ya cumple una condena de 47 años de prisión en México, fue extraditado en agosto de 2025 y ahora enfrenta un segundo proceso judicial que podría sumarle hasta 40 años más de cárcel.
La audiencia de lectura de cargos se llevó a cabo este 17 de marzo, donde Gómez Martínez, a través de su abogado defensor Thomas Ambrosio, respondió ‘no culpable’ a las dos acusaciones presentadas por un gran jurado federal. El caso está asignado al juez John G. Koeltl, quien ya había presidido una audiencia preliminar en diciembre pasado. La próxima vista en el caso está programada para el 24 de junio de 2026.
El proceso en Estados Unidos se da luego de que el exlíder criminal fuera sentenciado en México en 2022 a 47 años de prisión por delitos de narcotráfico y delincuencia organizada. Su extradición, concretada el 13 de agosto de 2025, formó parte de un operativo más amplio en el que México envió a 25 reclusos a territorio estadounidense, bajo acuerdos de garantías que excluyen la aplicación de la pena de muerte.
Servando ‘La Tuta’ Gómez es una figura histórica del crimen organizado en México, conocido por ser fundador de La Familia Michoacana y posterior líder de la facción escindida Los Caballeros Templarios, grupos que sembraron violencia en el estado de Michoacán durante más de una década. Su captura en 2015 y su posterior condena en México fueron presentadas como logros significativos en la lucha contra el narcotráfico.
La declaración de inocencia inicia formalmente el proceso legal en Estados Unidos, donde el Departamento de Justicia deberá presentar las pruebas que sustentan los cargos de conspiración. La estrategia de la defensa, a cargo de Ambrosio, aún no se ha detallado públicamente. Este caso pone a prueba los mecanismos de cooperación judicial entre México y Estados Unidos, en un contexto donde la administración de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo ha mantenido la política de extradiciones de narcotraficantes solicitados por la justicia estadounidense.
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