Por Redacción
Ciudad de Mexico, 18 de marzo de 2026.- La Asamblea Legislativa de El Salvador aprobó este martes una reforma constitucional que permite la cadena perpetua, rompiendo con una prohibición histórica en la Carta Magna del país centroamericano. La iniciativa del gobierno de Nayib Bukele, respaldada por 59 votos a favor y solo uno en contra, fue impulsada como parte de la estrategia de seguridad contra pandillas y crimen organizado.
La reforma fue presentada con 57 firmas de diputados, diez más de las requeridas, y contó con el respaldo mayoritario del partido oficialista Nuevas Ideas, que domina la cámara con 60 escaños. El proceso legislativo se caracterizó por su celeridad, sin estudios previos ni debate profundo según reportes de medios locales.
La ministra de Justicia y Seguridad, Gustavo Villatoro, y la diputada Suecy Callejas del partido oficialista fueron algunos de los principales promotores de la medida. El presidente de la Asamblea, Ernesto Castro, dirigió la sesión donde se concretó la votación que modifica uno de los principios fundamentales de la Constitución salvadoreña.
La aprobación se da en el contexto del estado de excepción vigente desde marzo de 2022, que ha sido prorrogado continuamente por el gobierno de Bukele como parte de su ofensiva contra la criminalidad. Esta medida representa un cambio radical en la política penal del país, que tradicionalmente había establecido límites máximos a las condenas.
Según el diario español EL PAÍS, dos diputados de oposición habrían votado a favor de la reforma, aunque no se especificaron sus identidades. Tampoco se reveló el nombre del único legislador que votó en contra de la iniciativa.
La reforma constitucional requiere aún una ratificación en una futura sesión plenaria para entrar en vigencia, aunque no se ha especificado la fecha concreta para este trámite. Paralelamente, el gobierno prepara un paquete amplio de reformas a otras leyes que complementaría esta medida.
Esta decisión coloca a El Salvador entre los pocos países de América Latina que contemplan la prisión perpetua en su legislación, marcando un punto de inflexión en las políticas de seguridad de la región. La medida ha generado debate sobre su impacto en los derechos humanos y el sistema penitenciario del país.