Por Redacción
México, 19 de marzo de 2026.- La iniciativa de reforma electoral conocida como ‘Plan B’, enviada por la presidenta Claudia Sheinbaum al Senado, generó un intenso debate y expresiones de reserva entre las bancadas opositoras, quienes criticaron aspectos como la revocación de mandato, el recorte al Instituto Nacional Electoral (INE) y la eliminación de la paridad en ayuntamientos. El PAN advirtió sobre una ‘farsa’ en el proceso de revocación, mientras que el Partido del Trabajo (PT), aliado del gobierno, mostró posturas divergentes sobre la fecha del ejercicio.
El coordinador del PAN en el Senado, Ricardo Anaya Cortés, criticó que la reforma no ataca problemas de fondo como el dinero del narco en las elecciones ni la sobrerrepresentación de Morena. Calificó de ‘torpezas vulgares’ la eliminación de la paridad en los ayuntamientos y advirtió que el mecanismo de revocación de mandato podría convertirse en una ‘farsa’ utilizada para campaña gubernamental.
Por su parte, el dirigente nacional del PT, Benjamín Robles, anunció que su partido respaldará la iniciativa, pero expresó reservas sobre la fecha propuesta para la revocación de mandato. Prefirió que se realice en 2028 y no en 2027 para evitar riesgos a la equidad en el proceso, cuestionando que sea impulsado desde el gobierno y no por la ciudadanía. Sin embargo, la senadora Geovanna Bañuelos de la Torre, también del PT, aseguró que votará a favor sin condiciones, mostrando una discrepancia pública al interior de la bancada.
El diputado Rubén Moreira alertó que el ‘Plan B’ busca influir en los comicios de 2027 y no constituye una reforma de fondo, calificándolo como un retroceso democrático al permitir la participación del Ejecutivo en campañas a través de la revocación. Mientras tanto, el INE defiende su autonomía presupuestal ante las propuestas de recorte del 15% progresivo en cuatro años y la imposición de un tope salarial de 134 mil pesos mensuales para sus consejeros, quienes actualmente ganan alrededor de 262 mil pesos brutos al mes.
El debate se enmarca en una larga tensión entre el INE y el poder político por su presupuesto y estructura, que se arrastra desde el sexenio de Andrés Manuel López Obrador. La revocación de mandato, utilizada por primera vez en 2022, es vista por la oposición como un instrumento de promoción política que podría alterar la equidad en las próximas elecciones.
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