Por Redacción
Ciudad De México, 19 de marzo de 2026.- La Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) emitió una sentencia que declara la responsabilidad internacional del Estado mexicano por las violaciones a los derechos humanos sufridas por Ernestina Ascencio en 2007, un caso que involucra denuncias de agresión sexual por parte de elementos del Ejército y la vulneración de los derechos a la vida y a la salud de la mujer indígena.
La determinación del tribunal internacional, notificada este día, establece que el Estado falló en sus obligaciones de garantía y protección judicial, además de no actuar con la debida perspectiva de género e interseccionalidad requerida para atender a una mujer de origen nahua en situación de vulnerabilidad. La sentencia abarca también la afectación a la integridad de los familiares de la víctima, quienes han buscado justicia durante casi dos décadas.
De acuerdo con el contexto del caso, los hechos ocurrieron en el estado de Veracruz, donde Ernestina Ascencio falleció poco después de reportar haber sido agredida sexualmente por militares. La Corte IDH ha señalado que las autoridades nacionales no realizaron una investigación diligente ni imparcial en su momento, lo que propició la impunidad y la revictimización de la familia.
La Secretaría de Gobernación (Segob) es el ente federal involucrado en la recepción de la sentencia y la futura implementación de las medidas de reparación integral y de no repetición ordenadas por el organismo internacional. Aunque el comunicado oficial de la dependencia no detalló en este primer momento los puntos específicos de la resolución, se espera que el gobierno federal acate las disposiciones para subsanar las violaciones encontradas.
Este fallo representa un precedente significativo en la jurisprudencia interamericana sobre violencia sexual en contextos de seguridad y la protección de los derechos de los pueblos indígenas en México. La sentencia pone de manifiesto la necesidad de fortalecer los mecanismos de justicia para evitar que casos como el de Ernestina Ascencio se repitan, exigiendo al Estado mexicano transformar sus protocolos de actuación ante denuncias de esta naturaleza.
Se prevé que en los próximos días se hagan públicos los detalles específicos sobre las medidas de reparación ordenadas a los familiares afectados y los plazos que tendrá el Estado para cumplir con lo dictaminado por la Corte IDH, marcando un nuevo capítulo en la lucha por los derechos humanos en la región.
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