Por Redacción
Ciudad De México, 20 de marzo de 2026.- La Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) exoneró a Pío López Obrador, hermano del presidente Andrés Manuel López Obrador, de las acusaciones por financiamiento ilícito al partido Morena. La resolución, emitida entre el 18 y 19 de marzo de 2026, concluye que no hay pruebas contundentes que vinculen al implicado con delitos electorales, cerrando definitivamente un proceso legal que se arrastró desde octubre de 2020.
El caso tuvo su origen en agosto de 2020, cuando el periodista Carlos Loret de Mola, a través del medio Latinus, difundió videos grabados en 2015 en el estado de Chiapas. En dichas imágenes se observa a Pío López Obrador recibiendo sobres con dinero en efectivo de manos de David León Romero. Las grabaciones mostraban montos mencionados de 1 millón de pesos y 400 mil pesos, lo que detonó una serie de investigaciones por parte de las autoridades electorales y penales.
A pesar de la evidencia visual presentada en los videos, la magistrada Mónica Soto y el resto de la Sala Superior determinaron que el material no constituía prueba suficiente para demostrar un flujo ilegal de recursos hacia la campaña presidencial de 2018 o la estructura de Morena. Esta decisión contrasta con la percepción de fuentes periodísticas que enfatizan la falta de rastreo del dinero y la claridad de las imágenes donde el acusado aparece manipulando los sobres.
Ante la resolución, Pío López Obrador declaró que no ha cometido ninguna falta o delito, postura que mantiene desde el inicio de las acusaciones. El proceso judicial contó con múltiples instancias previas; el Instituto Nacional Electoral (INE) cerró su investigación en 2021 alegando prescripción de la falta, mientras que la Fiscalía General de la República archivó el caso penal en octubre de 2022 por falta de elementos para integrar un delito.
La exoneración pone fin a la impugnación que el hermano del mandatario presentó ante el TEPJF hace más de cinco años. Sin embargo, persisten interrogantes sobre el resultado de la demanda que Pío López Obrador interpuso contra Carlos Loret de Mola por las afectaciones a su prestigio derivadas de la difusión de los videos, así como los detalles específicos sobre por qué el tribunal restó valor probatorio a las grabaciones.
Con este fallo, se cierra uno de los capítulos legales más longevos relacionados con la financiación de los partidos políticos en la última década, reafirmando la postura de la defensa de que las acusaciones carecían de sustento jurídico sólido más allá de la interpretación de las imágenes difundidas en 2020.
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