Por Redacción
Ciudad De México, 23 de marzo de 2026.- El Servicio de Administración Tributaria (SAT) revocó el estatus de donataria autorizada al Instituto Mexicano para la Competitividad (IMCO) y a más de 100 organizaciones de la sociedad civil, bajo el argumento de que no reúnen los requisitos relativos a la autorización para recibir donativos deducibles conforme a las disposiciones legales vigentes. La medida afecta la capacidad de estas entidades para emitir recibos que permitan a los donantes deducir impuestos, aunque las organizaciones pueden continuar operando y recibiendo apoyos no deducibles.
De acuerdo con la información disponible, 13 organizaciones fueron dadas de baja en el proceso, mientras que el resto enfrenta la revocación del permiso. El SAT, encabezado por Antonio Martínez Dagnino, difundió un documento donde establece que la determinación se basa en el incumplimiento de requisitos establecidos en la Ley del Impuesto sobre la Renta y regulaciones actuales.
El IMCO, fundado en 2003 como una asociación civil sin fines de lucro, ha asegurado haber cumplido puntualmente con sus obligaciones fiscales. Sin embargo, existe una discrepancia central en el caso: mientras el instituto sostiene que cumplió con la acreditación emitida por la Secretaría de Ciencia, Humanidades, Tecnología e Innovación (SECIHTI), la autoridad fiscal determinó que quien emitió dicha acreditación no contaba con las atribuciones necesarias para validar el estatus de donataria bajo las nuevas disposiciones.
Esta situación deriva de cambios normativos recientes, incluyendo la ley general en materia de Humanidades, Ciencias, Tecnologías e Innovación, publicada en mayo de 2023, y el reglamento interior de la SECIHTI, publicado en noviembre de 2024. Dichos marcos legales presentan un vacío normativo al no prever un mecanismo expreso para acreditar a las organizaciones que realizan actividades de investigación científica y tecnológica, lo que derivó en la invalidación de constancias que antes eran reconocidas.
Según las regulaciones del SAT, si una organización no recupera su autorización en un plazo de 12 meses, está obligada por ley a destinar todo su patrimonio a otra donataria autorizada. Las organizaciones afectadas han señalado que se encuentran resolviendo sus trámites ante la autoridad para regularizar su situación, aunque no se ha divulgado una lista completa de las más de 100 entidades impactadas ni los detalles específicos de las nuevas disposiciones que exigen acreditar actividades.
La revocación del estatus de donataria representa un golpe financiero para el tercer sector, ya que la deducibilidad de impuestos es un incentivo clave para atraer donativos de empresas y particulares. El caso del IMCO ilustra la complejidad administrativa que enfrentan las organizaciones civiles ante los cambios en los criterios de acreditación gubernamental y la interpretación de las atribuciones entre dependencias federales.
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