Piedras Negras, 24 de marzo de 2026.- Un operativo de seguridad ejecutado alrededor de la medianoche del pasado domingo derivó en el desalojo de 15 personas, entre jueces internacionales, entrenadores y deportistas con discapacidad intelectual, Síndrome de Down y parálisis cerebral, que se encontraban alojados en un inmueble deportivo de Piedras Negras. La acción fue llevada a cabo por elementos de la Fiscalía General del Estado (FGE) de Coahuila y la Agencia de Investigación Criminal (AIC) para cumplir una orden de cateo relacionada con un conflicto por la posesión del inmueble, el cual es propiedad de particulares.
El inmueble en cuestión es un Centro de Concentración de Alto Rendimiento ubicado dentro de la Unidad Deportiva “Santiago V. González”, construido en 2014 con una inversión de 30 millones de pesos y diseñado con capacidad para 48 huéspedes en 24 dormitorios dobles. Según reportes de El Siglo de Torreón, la intervención de las autoridades estatales provocó una confrontación inicial con funcionarios del municipio de Piedras Negras, quienes discreparon sobre la ejecución del desalojo en medio de la noche mientras se desarrollaba el Primer Nacional para Deportistas con Discapacidad.
Las autoridades estatales procedieron con el aseguramiento del inmueble amparadas en la orden judicial, lo que obligó a la salida inmediata de los participantes del evento deportivo que utilizaban las instalaciones como sede de concentración. La investigación señala que el conflicto de posesión involucra a los propietarios particulares del edificio, aunque no se han divulgado los nombres de dichos individuos ni los detalles específicos de la disputa legal que motivó la emisión de la orden de cateo.
Hasta el momento, no se ha hecho pública una postura oficial detallada por parte de las autoridades estatales o municipales respecto a las consecuencias jurídicas de este operativo, ni se ha confirmado el resultado final de la revisión del estatus legal del inmueble tras la intervención. La falta de claridad sobre el motivo penal exacto y la identidad de los propietarios mantiene en incertidumbre el futuro inmediato de las instalaciones deportivas.
Este evento pone de manifiesto la complejidad de los conflictos de propiedad que afectan a infraestructuras deportivas en la región, interrumpiendo actividades de alto valor social como los torneos para personas con discapacidad. Mientras se resuelve la situación jurídica del centro de alto rendimiento, queda pendiente la definición de dónde se reubicarán las actividades deportivas y qué medidas tomarán las autoridades para evitar que conflictos de posesión particulares impacten nuevamente en eventos de carácter nacional.
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