Ciudad De México, 25 de marzo de 2026.- La Cámara de Diputados aprobó reformas a la Ley de Vivienda que modifican el concepto constitucional de “vivienda digna y decorosa” por el de “vivienda adecuada”, en una votación que dejó al descubierto la división entre las fuerzas políticas. La iniciativa, impulsada por Morena y sus aliados, fue avalada en lo general con 356 votos a favor y 99 en contra, mientras que en lo particular se registraron 354 votos favorables y 95 negativos, pasando ahora al Senado para su discusión.
La modificación legal permite que organismos como Infonavit y Fovissste constituyan filiales para adquirir terrenos, construir, remodelar o financiar vivienda, marcando un cambio en su modelo de operación. Según lo establecido en la investigación, la reforma incorpora estrategias de concurrencia entre los sectores público, social y privado, así como de instituciones que otorgan crédito, con el objetivo de hacer efectivo el derecho a la vivienda mediante esquemas de arrendamiento y autoproducción.
Legisladores del PAN y del PRI, quienes votaron en contra de la iniciativa, calificaron la reforma de regresiva y perjudicial para los trabajadores. De acuerdo con las posturas reportadas en las contradicciones de la investigación, la oposición argumenta que la medida traslada la carga de la construcción a los fondos de los trabajadores y transforma el modelo de las instituciones, pasando de ser facilitadoras de crédito a actuar como intermediarias, lo que podría poner en riesgo el patrimonio de los ahorradores.
En paralelo a la discusión legislativa, se anunciaron cifras específicas para el estado de Sonora, donde el gobernador Alfonso Durazo Montaño detalló un programa de vivienda social con respaldo federal. Se autorizó una inversión de 10,000 millones de pesos para la entidad, con la meta de aumentar la construcción de viviendas de 33,800 a 65,000 unidades. Actualmente, en Sonora se reportan 9,694 viviendas en construcción y 18,126 en planeación.
La aprobación de estas reformas ocurre en un contexto donde también se han señalado conflictos de gestión de servicios urbanos en otras regiones, aunque sin una conexión directa con el decreto de vivienda. Mientras el gobierno federal y sus aliados en el Congreso promueven el nuevo marco legal como un modelo de “vivienda del bienestar”, la oposición mantiene su advertencia sobre los posibles efectos financieros para los derechohabientes de los institutos de vivienda.
Con el dictamen ya aprobado en la Cámara baja, el proceso legislativo continúa su trámite en la Cámara de Senadores, donde se definirá si se mantienen los cambios propuestos o si se introducen modificaciones ante las críticas surgidas durante la sesión en San Lázaro.
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