Ciudad De México, 26 de marzo de 2026.- El Relator Especial de las Naciones Unidas sobre sustancias y desechos peligrosos, Marcos A. Orellana, alertó sobre el impacto ambiental y social de la ganadería industrial en México tras concluir su segunda visita oficial al país. Durante su estancia, el funcionario internacional señaló que el término comúnmente utilizado para describir estas instalaciones oculta la magnitud real de la operación.
En declaraciones públicas, Orellana indicó que la denominación de granjas porcícolas funciona como un eufemismo para referirse a instalaciones industriales masivas. Según su observación, el número de fábricas de cerdos ha aumentado de manera descontrolada y exponencial en la última década, lo que representa un desafío significativo para las comunidades locales y el medio ambiente.
El relator proporcionó cifras ilustrativas sobre la dimensión del problema detectado en territorio nacional. Existen granjas que albergan hasta 50 mil cerdos en comunidades donde la población humana es de apenas 1,500 habitantes, lo que evidencia una desproporción entre la capacidad de carga ambiental y la actividad industrial instalada.
La Cancillería y la Secretaría de Medio Ambiente (Semarnat) emitieron un comunicado conjunto confirmando que el relator especial realizó su recorrido del 9 al 20 de marzo de 2026. El objetivo de la gira fue revisar los avances en materia de protección ambiental y evaluar el manejo de sustancias peligrosas en diferentes regiones del país.
Durante la visita, Marcos A. Orellana recorrió los estados de Sonora, Campeche, Tlaxcala, Nuevo León, Hidalgo, Querétaro y Yucatán. La agenda incluyó encuentros con más de 15 dependencias del Gobierno Federal, así como reuniones con autoridades correspondientes a los tres Poderes de la Unión para discutir la regulación del sector.
En las reuniones participaron funcionarios de alto nivel, incluyendo al subsecretario de Asuntos Multilaterales y de Derechos Humanos y a la subsecretaria de Regulación Ambiental, Ileana Villalobos Estrada. Las autoridades federales mantuvieron diálogo con el organismo internacional sobre los marcos normativos vigentes.
El mandato del Relator Especial sobre sustancias y desechos peligrosos fue establecido originalmente en 1995 y renovado en 2023 por el Consejo de Derechos Humanos. Esta figura tiene la facultad de examinar las causas y consecuencias relacionadas con la generación y manejo de materiales peligrosos en los países visitados.
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