Tijuana, 26 de marzo de 2026.- El XXV Ayuntamiento de Tijuana, encabezado por Ismael Burgueño Ruiz, suspendió definitivamente el proyecto de construcción del panteón municipal número 15 en la zona de Santa Fe, tras una serie de protestas ciudadanas que culminaron con la irrupción de vecinos en el Palacio Municipal. La decisión se dio luego de que los habitantes denunciaron omisiones e irregularidades en los permisos otorgados para el uso del terreno, el cual fue adquirido originalmente el 23 de marzo de 2004.
La oposición al proyecto surgió debido a las condiciones actuales de la colonia Santa Fe, donde los residentes reportan un colapso vial, sobrepoblación y una carencia crítica de servicios básicos, especialmente en el ámbito de la salud. Durante las movilizaciones, habitantes como Lucy Soto y Silvia Martínez, esta última residente de la sección Cedros 2da, manifestaron su rechazo a la instalación de un nuevo cementerio en una zona que ya enfrenta problemas de infraestructura.
Ante la presión ciudadana y mediática, el gobierno municipal optó por cancelar la obra. Previo a esta resolución, el Ayuntamiento había enviado personal para recabar firmas tanto a favor como en contra de la iniciativa, sin embargo, la intensidad de las demostraciones inclinó la balanza hacia la suspensión inmediata. Virginia Alejandra Vargas González, secretaria de Desarrollo Territorial Urbano, fue señalada en una denuncia interpuesta ante la Sindicatura por los vecinos, aunque los resultados de dicha investigación administrativa no han sido detallados públicamente en este momento.
Respecto al destino de los restos humanos que ya habían sido inhumados en el predio antes de la cancelación, las autoridades informaron que serán trasladados a un espacio colindante al panteón municipal número 14. Este movimiento se realizará una vez que el nuevo predio esté acondicionado para recibir los cuerpos, garantizando así la reubicación de las fosas existentes sin permanecer en el sitio original del proyecto suspendido.
La controversia pone de manifiesto la tensión entre la planeación urbana y las necesidades inmediatas de las colonias en crecimiento en Tijuana. Aunque el terreno contaba con una antigüedad de adquisición de más de dos décadas, la falta de consenso con la comunidad local y las deficiencias percibidas en el proceso de autorización llevaron a la paralización de la obra funeraria, dejando pendiente la definición de plazos específicos para la conclusión del traslado de los restos.
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