Ciudad De México, 26 de marzo de 2026.- La Cámara de Diputados aprobó este 25 de marzo la reforma al artículo 127 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos que impone un techo a las jubilaciones y pensiones de ex trabajadores de confianza de organismos y empresas públicas. La modificación, que cuenta con aplicación retroactiva según el texto dictaminado, fue avalada en medio de protestas de grupos de jubilados en los accesos al Palacio Legislativo y críticas de la oposición por la posible vulneración de derechos adquiridos.
De acuerdo con lo establecido en la reforma, el monto máximo de las pensiones no podrá exceder la mitad de la remuneración correspondiente a la persona titular del Ejecutivo federal. Con base en los ingresos reportados de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, el tope se situaría aproximadamente en 70,000 pesos mensuales. La normativa afecta directamente a exfuncionarios de entidades como Petróleos Mexicanos (Pemex), la Comisión Federal de Electricidad (CFE), Banobras y la extinta Luz y Fuerza del Centro.
El proceso de votación presentó discrepancias en los registros preliminares sobre el desglose exacto de los sufragios. Mientras una fuente reporta una aprobación casi unánime con 458 votos a favor en lo general, otra versión indica que la iniciativa obtuvo 363 votos a favor, 64 en contra y 20 abstenciones. A pesar de las reservas planteadas, la bancada del Partido Revolucionario Institucional (PRI) decidió apoyar la medida. Rubén Moreira, coordinador de los diputados priistas, señaló que aunque están en contra de las llamadas “pensiones doradas”, consideran que la estrategia de Morena no es la más eficaz para eliminarlas, advirtiendo sobre los riesgos jurídicos de la retroactividad y omisiones en el dictamen.
Por su parte, la diputada Margarita Zavala criticó duramente la aprobación, argumentando que la reforma viola el derecho humano a la no retroactividad consagrado en el artículo 14 constitucional. Zavala sostuvo que los legisladores emitieron su voto basándose en información imprecisa o falsa respecto a las implicaciones legales de la norma. El debate en el pleno se desarrolló simultáneamente a las manifestaciones de jubilados de empresas públicas que intentaron ingresar por la fuerza al recinto parlamentario para exigir el respeto a sus contratos originales.
El texto aprobado excluye expresamente de este límite a las pensiones de las Fuerzas Armadas, así como aquellas derivadas de aportaciones voluntarias a sistemas de ahorro para el retiro, las constituidas con aportaciones sindicales y las pensiones no contributivas. Además, el decreto incorpora lenguaje inclusivo en su redacción. Con esta aprobación en la Cámara baja, la reforma avanza en el proceso legislativo para modificar el marco jurídico que regula las percepciones de los servidores públicos retirados.
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