marzo 26, 2026
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Nueva York, 26 de marzo de 2026.- La Asamblea General de las Naciones Unidas aprobó este miércoles una resolución histórica que declara formalmente la trata transatlántica de esclavos africanos como el crimen más grave contra la humanidad. La medida, impulsada por Ghana y copatrocinada por la Unión Africana y la Comunidad del Caribe (Caricom), obtuvo el respaldo de 123 Estados miembros, mientras que tres países votaron en contra y 52 se abstuvieron.

António Guterres, secretario general de la ONU, celebró la decisión al afirmar que la esclavitud fue un crimen que atacó el núcleo mismo de la condición humana, destruyó familias y devastó comunidades. En su declaración oficial, el máximo funcionario del organismo internacional subrayó la necesidad de trabajar por la verdad, la justicia y la reparación ante los efectos duraderos de este periodo histórico.

El presidente de Ghana, John Dramani Mahama, quien presentó la iniciativa ante el plenario, aseguró que la aprobación del texto servirá como una salvaguardia contra el olvido. Mahama enfatizó que la resolución busca cuestionar la cicatriz duradera que dejó la esclavitud, un sistema que durante 300 años afectó a al menos 12.5 millones de personas y cuyo legado persiste hoy a través de la discriminación racial y formas de neocolonialismo.

La votación reflejó divisiones significativas entre los bloques diplomáticos. Estados Unidos, Israel y Argentina figuraron entre los tres países que votaron en contra de la moción. Dan Negrea, representante de Estados Unidos ante el Consejo Económico y Social de la ONU (ECOSOC), explicó que su nación considera el texto muy problemático en innumerables aspectos. Negrea argumentó que Estados Unidos no reconoce un derecho legal a la reparación por agravios históricos que no eran ilegales según el derecho internacional en el momento en que ocurrieron, además de criticar la promoción de agendas específicas y la creación de informes costosos.

Por otro lado, la delegación de Trinidad y Tobago, hablando en nombre de Caricom, expresó su satisfacción por el resultado. El representante señaló que el bloque caribeño se compromete a contribuir en sintonía con las prioridades de la región para garantizar la implementación efectiva de la resolución. Aunque el texto aprobado no es vinculante jurídicamente, establece un precedente político y moral para las futuras discusiones sobre justicia histórica y equidad global.

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