Lázaro Cárdenas, 26 de marzo de 2026.- La Fiscalía de Michoacán informó que buscará procesar bajo el sistema de justicia para adolescentes al alumno de 15 años identificado como Osmar “N”, tras el asesinato de dos docentes ocurrido el 24 de marzo en la preparatoria Antón Makarenko. El fiscal estatal, Carlos Torres Piña, detalló que se imputarán los delitos de feminicidio, portación de arma de fuego de uso exclusivo de las Fuerzas Armadas y posesión de cartuchos.
Durante la presentación del caso, Torres Piña reconoció que el rifle AR-15 utilizado en el ataque es ilegal, pues no cuenta con registro y ingresó al país de manera irregular. Aunque el marco legal para menores de 15 años establece una pena máxima de tres años de internamiento, la gravedad de los hechos ha abierto un debate nacional sobre la posibilidad de juzgar a menores como adultos, donde la pena por feminicidio podría alcanzar los 50 años de prisión.
La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo calificó el suceso como “muy doloroso” y señaló que “todo parece indicar que ya lo había preparado y ellas eran las personas que estaba buscando”. Respecto al marco jurídico, la mandataria indicó que el tema de juzgar a menores como adultos “es algo que se tiene que discutir en nuestro país, que es algo que necesitamos hablar de ello y abrirlo y debatirlo”.
Por su parte, familiares de las víctimas exigieron que el adolescente sea juzgado como adulto. Christian “N”, hermano de Tatiana Madrigal Bedolla, y Francisco Delgado Madrigal, esposo de Mariana del Rosario Sagrero, sostuvieron que se trató de un hecho planeado y no impulsivo, por lo que consideraron que el proceso debe corresponder a la magnitud del crimen.
La Secretaría de Educación Pública (SEP) emitió un comunicado donde expresó condolencias y solidaridad con los familiares y la comunidad educativa. El organismo reiteró su compromiso de construir entornos escolares seguros y libres de violencia, mientras las autoridades continúan con las indagatorias correspondientes.
En torno al origen del arma, el fiscal confirmó que se encuentra bajo investigación. El menor sostuvo que el rifle pertenece a su padre, quien sería miembro de la Secretaría de Marina, información que está siendo corroborada por las autoridades. Sin embargo, la madre y el padrastro del acusado negaron que el arma fuera de su propiedad.
La audiencia inicial está programada para este 26 de marzo. Mientras tanto, la Presidenta anunció un programa nacional de salud mental para adolescentes que incluye capacitación a docentes y contratación de personal especializado, inicialmente enfocado en niveles de secundaria y educación media superior.
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