marzo 27, 2026
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Irapuato, 26 de marzo de 2026.- Roberto Castañeda Tejeda, director de la Junta de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento del Municipio de Irapuato (JAPAMI), fue asesinado la mañana de este jueves por sujetos armados no identificados. El ataque ocurrió poco antes de las 9:00 horas en una vía principal de la ciudad, donde los agresores dispararon contra la camioneta en la que se trasladaba la víctima y posteriormente huyeron del lugar.

De acuerdo con reportes de medios locales, el homicidio se registró sobre el bulevar Díaz Ordaz. Algunas fuentes sitúan el evento cerca de la avenida Primero de Mayo, mientras que otras indican la intersección con la calle Lerdo de Tejada, en el Barrio de San José. En el sitio se encontró una camioneta Volkswagen de color blanco, la cual presentaba impactos de bala. Hasta el momento, no se ha informado sobre la detención de los responsables ni se han divulgado motivos del crimen.

Tras conocerse los hechos, corporaciones de seguridad y emergencia acudieron al sitio para acordonar la zona y realizar las primeras diligencias. La presencia de elementos de la Guardia Nacional, la Policía Municipal y personal de la Fiscalía generó congestionamiento vial en los alrededores mientras se aseguraba la escena del crimen para las investigaciones correspondientes.

El Gobierno de Irapuato confirmó el fallecimiento del funcionario a través de sus canales oficiales y emitió un comunicado en el que condena enérgicamente el acto de violencia. La administración municipal expresó sus condolencias a los familiares de Castañeda Tejeda y anunció que trabajará en coordinación con la Fiscalía estatal para esclarecer los hechos y encontrar a los culpables.

Este asesinato pone en alerta a las autoridades locales sobre la seguridad en la región, aunque la investigación apenas inicia y las instancias competentes no han proporcionado detalles adicionales sobre la posible vinculación del delito con actividades delictivas o conflictos laborales. La prioridad declarada por el gobierno municipal es apoyar a la familia de la víctima y colaborar plenamente con el ministerio público.

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