Ciudad De México, 27 de marzo de 2026.- La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo impulsó una iniciativa de Ley General contra el Feminicidio que propone establecer un tipo penal único a nivel nacional y sanciones de prisión de 40 a 70 años para este delito. La medida, presentada en la capital del país, tiene como objetivo principal homologar los criterios de investigación y persecución del crimen en todas las fiscalías de la República.
De acuerdo con los planteamientos de la administración federal, la nueva legislación obliga al Ministerio Público a investigar de inicio cualquier muerte violenta de una mujer bajo la hipótesis de feminicidio. Esta disposición busca evitar la clasificación errónea o dilatoria de los casos desde las primeras etapas del proceso legal, asegurando una perspectiva de género inmediata en las indagatorias.
Entre los puntos centrales de la reforma se incluye la tipificación de sanciones para la tentativa de feminicidio, cerrando vacíos legales que permitían impunidad en agresiones que no culminaban en homicidio. Asimismo, la iniciativa contempla la creación de un registro nacional de orfandad destinado a dar seguimiento y protección a los hijos e hijas de las víctimas de este delito.
En el evento de presentación estuvieron presentes figuras clave del sistema de justicia y seguridad, incluyendo a Hugo Aguilar Ortiz, presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), y a Ernestina Godoy, fiscal general de la República. También participó Ingrid Gómez, subsecretaria del Derecho a una Vida Libre de Violencias de la Secretaría de las Mujeres, quien acompaña la estrategia desde el ejecutivo.
La propuesta representa un esfuerzo por unificar los marcos jurídicos estatales, los cuales han mostrado disparidad en la definición y castigo del feminicidio a lo largo del territorio mexicano. Con esta ley general, el gobierno federal busca estandarizar las herramientas legales para combatir la violencia de género extrema.
Ahora corresponde al poder legislativo analizar y discutir los términos de la iniciativa para su eventual aprobación. La implementación de este ordenamiento jurídico marcaría un cambio sustancial en la operación de las procuradurías locales y en la estadística criminal del país, alineando las normas penales bajo un criterio federal uniforme.
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