Ciudad De México, 27 de marzo de 2026.- El gobierno federal y representantes de gasolineros en México establecieron un acuerdo para implementar un tope voluntario al precio del diésel, el cual se mantendría sobre los $28.50 pesos por litro, como parte de las medidas para contener la inflación de combustibles y alimentos que afecta a la economía nacional.
La presidenta Claudia Sheinbaum participó en las negociaciones con el sector gasolinero, buscando mecanismos que permitan estabilizar los precios de los energéticos en un contexto de presión inflacionaria. El precio promedio de la gasolina regular en México se ubica actualmente en $23.67 pesos por litro, según los datos registrados en la primera quincena de marzo de 2026.
Iván Escalante, representante del sector gasolinero, formó parte de las discusiones sobre el esquema de topes voluntarios. La medida busca evitar incrementos bruscos en el costo del diésel, combustible ampliamente utilizado en el transporte de carga y que impacta directamente en los precios de productos básicos.
La inflación anual en la primera quincena de marzo de 2026 alcanzó 4.63 por ciento, cifra que refleja la presión sobre los precios de combustibles y alimentos en el país. El gobierno federal ha priorizado la implementación de políticas públicas que permitan contener este indicador económico.
En el ámbito internacional, el precio de la gasolina en Los Ángeles, California, registró niveles entre 6 y 7 dólares por galón, contexto que influye en las expectativas del mercado energético en Norteamérica. Esta situación externa representa un factor adicional para la fijación de precios en territorio mexicano.
El acuerdo con los gasolineros forma parte de una estrategia más amplia que incluye la revisión de mecanismos de control de precios en productos de la canasta básica. Las autoridades buscan incorporar alimentos al esquema de protección contra la inflación, aunque los detalles específicos de esta medida serán definidos en las próximas semanas.
La implementación del tope voluntario al diésel representa un esfuerzo coordinado entre el sector público y privado para mitigar el impacto de la volatilidad de precios en la economía familiar. El seguimiento de esta política pública permitirá evaluar su efectividad en las próximas mediciones inflacionarias.
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