Coatzacoalcos, 27 de marzo de 2026.- Un grupo interinstitucional integrado por la Secretaría de Marina (Semar), Semarnat, Sener, ASEA, Pemex y Profepa mantiene labores de contención y limpieza en el litoral del Golfo de México, donde se han retirado más de 430 toneladas de contaminantes e intervenido 223 kilómetros de playas. La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo informó que las investigaciones apuntan a un derrame original provocado por una embarcación, sumado a otras manchas cuya procedencia está siendo determinada.
De acuerdo con el reporte oficial, se identificaron tres fuentes de emanación: un presunto vertimiento ilegal de un buque en la zona de fondeo de Coatzacoalcos y dos chapopoteras naturales ubicadas en el Golfo. El gobierno federal detalló que el despliegue operativo cuenta con más de 2,450 elementos distribuidos en puntos estratégicos para atender la contingencia ambiental.
Sobre el origen del incidente, la mandataria federal declaró que hubo un derrame inicial de un barco, pero enfatizó que existen otras manchas en la región que están siendo investigadas para determinar su causa. Las autoridades mantienen la hipótesis de múltiples focos de contaminación, incluyendo actividades antropogénicas y fenómenos naturales.
En contraste con la narrativa gubernamental, organizaciones como el Centro Mexicano de Derecho Ambiental (Cemda), Conexiones Climáticas y CartoCrítica presentaron un análisis basado en imágenes satelitales que evidencian, según su perspectiva, un conocimiento temprano del evento por parte de las autoridades. Estas agrupaciones reportan una extensión de 630 kilómetros de litoral afectado y una mancha de 50 kilómetros cuadrados, cifras superiores a las intervenciones reconocidas oficialmente hasta el momento.
Las organizaciones civiles acusaron opacidad en el manejo de la información, señalando que no hubo comunicación pública oportuna sobre la magnitud real del derrame, los riesgos asociados ni las medidas de respuesta iniciales. Mientras el gobierno sitúa el inicio de las acciones de contención tras la detección el 3 de marzo, las ONG sostienen que existían indicios del vertimiento desde febrero cerca de la plataforma Abkatún, en Campeche.
La discrepancia entre ambas versiones radica principalmente en la cronología de los hechos y la identificación precisa de las fuentes contaminantes. Aunque las autoridades han confirmado la realización de inspecciones submarinas con drones y buzos para esclarecer el origen de las manchas restantes, persiste la incertidumbre sobre la identidad del buque responsable del presunto vertimiento ilegal y la evaluación completa del impacto ambiental en las primeras semanas de la contingencia.
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