marzo 28, 2026
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Buenos Aires, 28 de marzo de 2026.- El Gobierno de Argentina declaró oficialmente al Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) como una organización terrorista, incorporándola al Registro Público de Personas y Entidades vinculadas a Actos de Terrorismo y su Financiamiento (RePET). La resolución, emitida este 26 de marzo de 2026 desde Buenos Aires, habilita la aplicación de sanciones financieras y restricciones operativas contra la estructura criminal liderada por Nemesio Oseguera Cervantes, alias ‘El Mencho’.

La decisión fue coordinada de manera conjunta entre la Cancillería, el Ministerio de Seguridad Nacional, el Ministerio de Justicia y la Secretaría de Inteligencia de Estado. Según los datos duros proporcionados por la administración del presidente Javier Milei, la medida responde a la acreditación de actividades ilícitas de carácter transnacional y a la presencia del CJNG en al menos 40 países, lo que representa una amenaza para la seguridad global.

Al quedar inscrito en el RePET, dependiente del Ministerio de Justicia argentino, el cártel enfrenta el congelamiento de bienes y cualquier tipo de apoyo financiero dentro del territorio nacional. La inclusión en esta lista implica que cualquier persona o entidad que mantenga vínculos económicos con la organización podría ser sujeto de investigaciones y penalizaciones bajo la legislación antiterrorista vigente en el país sudamericano.

Esta acción gubernamental se produce en un contexto de endurecimiento internacional contra el narcotráfico mexicano, pocas semanas después de que se reportara la detención y muerte de Nemesio Oseguera Cervantes el pasado 22 de febrero de 2026. Aunque el comunicado oficial no detalla operaciones específicas del grupo en suelo argentino, la clasificación como entidad terrorista busca cerrar espacios financieros y logísticos que pudieran ser utilizados por la red criminal.

Con esta declaratoria, Argentina se suma a los esfuerzos internacionales para desmantelar las estructuras del CJNG, utilizando herramientas legales que permiten perseguir no solo el delito de narcotráfico, sino también el financiamiento de actividades consideradas terroristas por el Estado.

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