marzo 28, 2026
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Ciudad De México, 28 de marzo de 2026.- El Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP) informó que en México existen 132 mil 534 registros de personas desaparecidas, de los cuales 46 mil 724, equivalente al 36 por ciento, carecen de datos completos como nombre, sexo, fecha de nacimiento o lugar de desaparición, lo que dificulta su localización.

Marcela Figueroa Franco, titular del SESNSP, presentó estos datos durante la conferencia matutina con base en información del Registro Nacional de Personas Desaparecidas y No Localizados (RNPDNO) y la Base Nacional de Carpetas de Investigación. La funcionaria señaló que la falta de información en algunos reportes responde a que, antes de la reforma en materia de desaparición de 2025, no se exigían datos mínimos para integrar los registros.

Por su parte, la secretaria de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez, detalló que las reformas en el marco legal y las acciones para combatir este flagelo han permitido la aprehensión de 286 presuntos delincuentes relacionados con la desaparición de personas. Asimismo, se han dado de baja 547 cuentas de redes sociales utilizadas por el crimen organizado para contactar jóvenes, mientras otras 725 cuentas permanecen bajo investigación.

Durante la presentación del informe, familiares de personas desaparecidas manifestaron esperanza ante la obligatoriedad de abrir carpetas de investigación y la homologación de criterios a nivel nacional. Adela Alvarado, consejera nacional del Sistema Nacional de Búsqueda, participó en el evento donde se destacó la importancia de clarificar los datos como base para avanzar en los casos pendientes, aunque en la investigación proporcionada no se registran declaraciones textuales específicas atribuidas a ella sobre este punto.

El informe también destaca la creación de la Alerta Nacional de Búsqueda y la Plataforma Única de Identidad como herramientas clave para la distribución masiva e instantánea de datos de víctimas a fiscalías, policías y puntos estratégicos. Estas medidas forman parte de las acciones implementadas tras las reformas legales de 2025 en materia de desaparición de personas.

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