Ciudad De México, 07 de abril de 2026.- Juan Pablo Albán, presidente del Comité contra la Desaparición Forzada (CED) de la ONU, rechazó las descalificaciones del Gobierno de México sobre su último informe. Albán señaló que, si bien el desacuerdo es legítimo, la descalificación es cuestionable.
El gobierno mexicano calificó el documento como tendencioso y sesgado, sosteniendo que la resolución se basa solamente en casos anteriores a 2017. Sin embargo, Albán rechazó dicha afirmación. El Comité considera que el número de personas desaparecidas registradas, más de 132,400 al 19 de febrero de 2026, y su constante aumento son en sí mismos indicios de la magnitud del fenómeno a nivel nacional, sin que se vislumbre una tendencia inversa.
Por su parte, Kenia López Rabadán, presidenta de la Cámara de Diputados, criticó el rechazo del gobierno federal al informe. La legisladora advirtió que el Comité ha encontrado indicios fundados de que se cometen desapariciones como crímenes de lesa humanidad al ocurrir de forma sistemática. López Rabadán afirmó que el informe es una oportunidad de ayuda y no debe ignorarse ni descalificarse.
La presidenta de la Cámara de Diputados detalló la crisis forense actual: hay 72 mil restos humanos sin identificar, cifra que representa 20 mil más desde que el Comité visitó el país en 2021, cuando se registraron 52,004 cuerpos. Además, se han encontrado más de 4,500 fosas clandestinas. López Rabadán sentenció que México no puede convertirse en referente internacional en desapariciones y necesita verdad, justicia y respuestas.
En contraste con la postura legislativa, la Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México (CDHCM) respalda la postura federal. María Dolores González, presidenta de la CDHCM, reconoció que el informe de la ONU tiene fallas metodológicas. González destacó que el documento deja claro que no hay evidencia para pensar que el gobierno de México tenga una política deliberada, ya sea por acción u omisión, para cometer desapariciones.
Ante la discrepancia, Kenia López Rabadán llamó a no entrar en una discusión con la ONU, sino a solicitar que analice la crisis de desaparecidos. La legisladora indicó que México debe recibir cooperación técnica, apoyo financiero y asistencia especializada en la materia para erradicar la impunidad y mejorar las capacidades forenses.
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