Ciudad De México, 08 de abril de 2026.- La presidenta Claudia Sheinbaum rechazó el informe presentado por el Comité de la ONU contra la Desaparición Forzada (CED), al negar que la crisis de desaparecidos en México pueda ser considerada un crimen de lesa humanidad y criticar la ‘orientación’ del documento hacia la crítica del Estado mexicano.
En declaraciones realizadas el 7 de abril de 2026, Sheinbaum sostuvo que el concepto de crimen de lesa humanidad, definido por Naciones Unidas, requiere ‘ataques sistemáticos contra la población civil’ por parte del Estado, situación que aseguró no ocurre actualmente en el país. La mandataria distinguió entre las desapariciones forzadas generadas desde el Estado durante la llamada ‘guerra sucia’ y las perpetradas hoy por el crimen organizado.
‘Una cosa es la desaparición forzada generada desde el Estado, que fue lo que ocurrió en México en la llamada guerra sucia (…) Nosotros separamos en dos lo que presentamos aquí. Lo que ocurrió en aquellas épocas, eso ya no ocurre. Si llega a ocurrir la desaparición de una persona por una autoridad del Estado, debe ser sancionada’, afirmó Sheinbaum.
La presidenta cuestionó que el comité no reconozca los esfuerzos institucionales emprendidos por su gobierno para erradicar el delito y encontrar a las personas desaparecidas, cifra que según datos oficiales supera las 130,000. ‘Nada más hay que leer las conclusiones para saber que no están reconociendo el esfuerzo que está haciendo el gobierno de México’, indicó, tras asegurar que su administración realizó un análisis técnico ‘párrafo por párrafo’ del documento.
Por su parte, el informe del CED, presentado el pasado 2 de abril ante la Asamblea General de la ONU, sostiene que las desapariciones forzadas en México tienen un carácter generalizado o sistemático por parte del Estado. El documento registra 132 mil 887 desaparecidos al 6 de abril de 2026 y recomienda elevar el caso ante la Asamblea General a través del secretario general António Guterres.
Juan Pablo Albán, presidente del Comité contra la Desaparición Forzada y abogado originario de Ecuador, defendió el proceso de análisis realizado por el órgano independiente, el cual examina la evolución de la situación a la luz de interacciones con el Estado mexicano desde 2012. ‘El Comité considera que el número de personas desaparecidas registradas, más de 132 mil al 19 de febrero de 2026, y su constante aumento son indicios de la magnitud del fenómeno a nivel nacional’, declaró Albán.
Ante las críticas del Ejecutivo, que calificó el informe de ‘tendencioso’ y ‘orientado’ a llevar una posición negativa a la ONU, Albán rechazó que el comité pueda ser sometido a presiones por parte de los Estados. Diversas organizaciones de derechos humanos, entre ellas Tlachinollan y el Centro Prodh, respaldaron la decisión del CED de solicitar la intervención de la Asamblea General.
La Secretaría de Gobernación (SEGOB) anunció que ofrecerá una conferencia de prensa para exponer la postura técnica del gobierno frente al documento. Sheinbaum insistió en que ‘no pueden acusar un gobierno que luchó contra la desaparición forzada por parte del Estado de que está cometiendo el mismo delito o que equiparen la desaparición en México a ese delito’.
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