Asuncion Ixtaltepec, 09 de abril de 2026.- La Fiscalía General de la República (FGR) anunció el cierre del litigio penal derivado del descarrilamiento del Tren Interoceanico, ocurrido el 28 de diciembre de 2025 en la comunidad de Nizanda, municipio de Asuncion Ixtaltepec, Oaxaca. Ernestina Godoy Ramos, titular de la dependencia, informó el 8 de abril de 2026 que 145 víctimas optaron por concluir el conflicto mediante justicia alternativa con la firma de acuerdos reparatorios, lo que derivó en la extinción de la acción penal correspondiente.
De las 145 personas beneficiadas con la reparación integral, 114 son adultos y 31 son niñas, niños y adolescentes. La Secretaría de Gobernación (Segob) detalló que este proceso no se limitó a una compensación económica, sino que implicó atención médica continua, apoyo psicológico, acompañamiento jurídico y un trato humano. Godoy Ramos señaló que las víctimas recibieron la reparación “de forma inmediata”.
Las investigaciones determinaron que el siniestro, que dejó un saldo de 14 personas fallecidas y 98 lesionadas, no se debió a problemas en la obra ni a deficiencias en la infraestructura. Los peritajes técnicos verificaron que tanto la vía en el punto del accidente como las locomotoras cumplían con las normas oficiales mexicanas. Respecto al delito de ataques a las vías generales de comunicación, Godoy explicó: “lo descartamos con los dictamenes periciales en materia de arquitectura e ingeniería civil, así como con el de seguridad industrial”.
Por el contrario, los ministerios públicos acreditaron la comisión de los delitos de homicidio culposo y lesiones culposas con la participación del maquinista, el conductor y el jefe de despacho. La FGR concluyó que el accidente se derivó del exceso de velocidad negligente atribuible al maquinista, así como de la omisión del conductor y del jefe de despacho para evitarlo. El análisis de la “caja negra” reveló que el convoy circulaba a 111 kilómetros por hora en tramos rectos donde el límite era de 70, y a 65 kilómetros por hora en la curva del descarrilamiento, donde el máximo permitido era de 50.
Como resultado, se obtuvieron órdenes de aprehensión y de cateo, y la autoridad judicial emitió autos de vinculación a proceso contra tres operadores: Felipe de Jesús Díaz Gómez, maquinista capturado el 26 de enero de 2026 en Palenque, Chiapas; Ricardo Mendoza Cerón, jefe de despachadores, detenido el 27 de enero de 2026; y el conductor. Godoy afirmó que se “acreditaron fehacientemente la comisión de los delitos de homicidio y lesiones culposas, con la participación del maquinista, el conductor y el jefe de despacho”.
En cuanto al delito de daño en bienes, la empresa operadora del ferroviario, a cargo de la Secretaría de Marina, decidió otorgar el perdón de la parte ofendida, lo que derivó en el descarte de la investigación por ataques a las vías de comunicación. Asimismo, se descartaron los delitos de uso ilícito de atribuciones y de servicio indebido del servicio público con base en información de la empresa y el análisis de auditorías de la Auditoría Superior de la Federación y la Secretaría Anticorrupción, las cuales no encontraron observaciones penales.
Ernestina Godoy Ramos declaró: “Tengan la certeza de que hemos dispuesto de todas las capacidades institucionales para llegar a la verdad de los hechos, obtener justicia, que se repare el daño y evitar la impunidad”. La Segob confirmó que el gobierno mexicano asumió el hecho “con absoluta responsabilidad” mediante un esfuerzo interinstitucional que incluyó a la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas, la FGR, la Semar y el Gobierno de Oaxaca.
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