Ciudad De México, 12 de abril de 2026.- La Fiscalía Especializada en el Combate a la Corrupción de Baja California Sur confirmó la vinculación a proceso del ex oficial mayor Alan Sotelo Burgoin por el delito de abuso de autoridad por simulación. El juez de Control determinó como medidas cautelares la firma periódica quincenal, la prohibición de acercarse al domicilio del Ayuntamiento de Los Cabos y la restricción de contacto con testigos o denunciantes.
El caso se deriva de la contratación de una empresa financiera que debía gestionar un crédito bancario de 300 millones de pesos para el gobierno municipal. Según la Fiscalía, a pesar de que la gestión nunca se llevó a cabo, Sotelo Burgoin autorizó un pago de 14 millones 170 mil 560 pesos a dicha empresa. Con esta decisión, el exfuncionario se suma al exalcalde Óscar Leggs Castro y al extesorero Martín Talamantes, quienes ya habían sido vinculados a proceso por el mismo delito.
En otro frente judicial, el conductor de televisión Patricio Cabezut aseguró que demandará al periodista Carlos Jiménez (C4) por daño moral. Cabezut afirmó que Jiménez difundió información errónea sobre su situación legal. “Yo no he sido sentenciado en ningún proceso. Hasta el día de hoy sigo siendo inocente. La información que este señor presenta es errónea, está distorsionada”, declaró el conductor.
Cabezut calificó de deleznable al comunicador y señaló: “Utiliza conceptos que atentan contra mi presunción de inocencia. Hay, por lo tanto, elementos suficientes para iniciar una demanda por la vía civil por la acción de daño moral. Me humilla, atenta contra mi dignidad”. En respuesta, Carlos Jiménez refrendó que Cabezut está vinculado a proceso y aseveró: “su amenaza y sobre todo el amago de su denuncia por daño moral, para mi es una más de todas la fila de personas deleznables… que busca callarme, por qué, por evidenciar su sucia realidad”.
Por su parte, la defensa del exfutbolista Omar Bravo solicitó llevar el proceso en libertad bajo fianza, petición que fue negada, por lo que seguirá recluido en el Penal de Puente Grande de Jalisco. Bravo fue detenido en 2025 acusado de presunto abuso sexual contra una menor de 12 años, siendo vinculado a proceso el pasado 4 de octubre. Su abogado, Juan Soltero, explicó que uno de los hechos imputados ocurrió cuando la víctima tenía menos de 12 años, lo cual agrava la pena.
Soltero detalló que, debido a las agravantes, la pena podría aumentar hasta dos tercios, estimando una sentencia de “5 a 10 años de prisión”, aunque el proceso podría extenderse hasta por dos años antes de una resolución final. La defensa de la víctima ha solicitado que se imponga una pena dentro de ese rango, mientras que las autoridades podrían determinar una condena de hasta 20 años en caso de encontrar culpabilidad.
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