Ciudad De México, 28 de mayo de 2026.- El diputado Arturo Ávila presentó una queja ante el Instituto Nacional Electoral (INE) contra la alcaldesa de Cuauhtémoc, Alessandra Rojo de la Vega, por presunto uso indebido de recursos públicos y promoción personalizada. Ávila señaló que esta conducta vulnera el artículo 134 constitucional al tratarse de propaganda con fines de promoción personal en obras y programas públicos.
Durante la presentación de la denuncia, el legislador exhibió imágenes de propaganda en la alcaldía que, aseguró, acreditan la promoción personalizada. Ávila acusó a la funcionaria de usar su cargo para posicionar su imagen con fines político-electorales y pidió frenar lo que calificó como una precampaña anticipada. “Lo que estamos viendo es a una funcionaria pública más preocupada por su promoción personal que por resolver las demandas básicas de la ciudadanía”, afirmó.
El diputado exigió al INE actuar con firmeza, ordenar el retiro del material y garantizar que no se usen recursos públicos para fines electorales anticipados de inmediato, calificando los hechos como una violación constitucional clara.
En un tema relacionado con las funciones del organismo electoral, Luisa Alcalde, consejera jurídica de la presidencia, detalló cómo operaría la Comisión de Verificación de Integridad de Candidaturas del INE, propuesta para ayudar a los partidos a detectar si sus aspirantes tienen vínculos delictivos antes de definir sus postulaciones.
Alcalde explicó que este órgano no será quien investigue directamente a los aspirantes, sino que fungirá como vínculo entre instituciones. El proceso es voluntario: cada partido político decidirá si someter a su aspirante a investigación. De haber una solicitud, la comisión del INE pedirá informes a instituciones como la Unidad de Inteligencia Financiera, la Fiscalía General de la República, la Comisión Nacional Bancaria y de Valores y el Centro Nacional de Inteligencia.
Estas instituciones entregarán un reporte sobre si el posible candidato tiene “riesgo razonable” o no de vínculos con la delincuencia, información que el INE trasladará a los partidos políticos. A partir de lo dictaminado, serán las agrupaciones políticas quienes decidan si postulan o no a esa persona.
La consejera jurídica aclaró que el INE no emitirá juicios propios ni tendrá facultades para impedir candidaturas, por lo que sólo operará como receptor y facilitador de la información entre las autoridades investigadoras y los partidos.
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