Ciudad De México, 28 de mayo de 2026.- Entre el primer día del segundo mandato de Donald Trump y el 9 de marzo de 2026, Estados Unidos deportó a México a casi 13,000 nacionales de terceros países, siendo los cubanos el grupo más numeroso con 4,353 personas. En paralelo, el Gobierno de México reportó un total de 203,685 mexicanos repatriados desde el 20 de enero de 2025, de los cuales 164,444 ocurrieron por vía terrestre y 39,241 por vía aérea.
La crisis humanitaria en los centros de detención estadounidenses ha generado tensiones diplomáticas. La presidenta Claudia Sheinbaum dijo que envió un fuerte mensaje al gobierno de EU pidiendo aclarar y prevenir las muertes de migrantes mexicanos en sus centros, siendo que van 15. Por su parte, medios locales señalan que en 2026 se han registrado al menos cuatro muertes de migrantes en centros de detención del ICE y que la agencia ha comenzado a ocultar detalles sobre estos fallecimientos.
Ante las acusaciones, el Departamento de Seguridad Nacional (bajo Markwayne Mullin) declaró: “A todos los detenidos se les provee de comidas adecuadas, agua, atención médica y tienen la oportunidad de comunicarse con su familia y abogados. De hecho los centros de detención de migrantes tienen estándares más altos que la mayoría de las prisiones en EU que sí tienen a ciudadanos”. No obstante, en marzo de 2026, el Departamento de Justicia estadounidense reconoció ante un tribunal federal la existencia de un ‘acuerdo vigente (no escrito)’ con México para estas deportaciones.
En México, la secretaria de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez, defendió la estrategia actual: “Es bajo el número todavía de personas que están siendo repartidas. Entonces, estamos muy contentos con ‘México te abraza'”. Añadió que “siempre los paisanos cuentan con el apoyo de su Gobierno”. El país cuenta con ocho centros de atención para repatriados ubicados en Baja California, Coahuila, Tamaulipas, Chihuahua, Sonora, Tabasco y Chiapas.
El impacto de las políticas migratorias también se siente en Estados Unidos, donde el desfile y las fiestas tradicionales del Cinco de Mayo en el barrio mexicano La Villita, de Chicago, fueron suspendidos por segundo año consecutivo. Organizadores de la Cámara de Comercio explicaron que “la comunidad tiene miedo y sigue evitando las reuniones públicas” debido al “incremento de operaciones migratorias y por las amenazas de redadas”, afirmando que “no hay nada que celebrar”.
Simultáneamente, la administración Trump enfrenta una crisis presupuestaria interna. El secretario del DHS, Markwayne Mullin, advirtió que no habrá dinero para pagar a los empleados federales en la primera semana de mayo de 2026 si no se llega a un acuerdo, revelando que el DHS está cerrado desde hace dos meses por la falta de un acuerdo bipartidista en el Congreso. Aunque el presidente firmó una orden ejecutiva a finales de marzo de 2026 autorizando el uso de fondos de emergencia para cubrir nóminas que ascienden a 1,600 millones de dólares, Mullin alertó: “El dinero se está agotando a una velocidad vertiginosa y, una vez que eso suceda, ya no quedarán fondos de emergencia”.
Mullin detalló la urgencia financiera: “Una vez que hayamos superado el mes de abril… solo me quedará una nómina por cubrir y no habrá más fondos de emergencia; por lo tanto, el presidente no podrá emitir otra orden ejecutiva para que utilicemos dinero, ya que no quedarán dinero disponible”. Mientras tanto, los organizadores en Chicago mantienen la esperanza de que “las condiciones mejoren, permitiéndonos reunirnos nuevamente para celebrar nuestra cultura y tradiciones”.
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