Ciudad De México, 28 de mayo de 2026.- La Fiscalía Capitalina removió a tres funcionarios de sus cargos por presuntas conductas de corrupción y omisiones en la investigación del feminicidio de Edith Guadalupe Valdés Zaldívar, joven de 21 años hallada muerta el 17 de abril en un edificio de la alcaldía Benito Juárez. La fiscal Bertha Alcalde Luján admitió que existió una tardanza “injustificable” de 15 horas para actuar, aun cuando la familia proporcionó desde un primer momento la última ubicación de la víctima.
La jefa de Gobierno, Clara Brugada, confirmó que los servidores públicos separados incluyen a un ministerio público que no brindó información sobre el domicilio, un policía de investigación señalado por solicitar dinero para acelerar la búsqueda y un segundo elemento del turno siguiente que no realizó la visita a la dirección indicada. “Yo sé que ya hay tres personas que fueron retiradas de sus cargos y que está una investigación al respecto. No podemos permitir que haya funcionarios que actúen de esta manera”, declaró Brugada.
Por su parte, la fiscal Alcalde Luján calificó como indignante que la familia haya señalado con precisión el lugar donde se encontraba la joven y no se haya actuado con la inmediatez requerida. “Implicó una dilación de 15 horas desde que se contaba con ese dato específico [la última ubicación de Valdés Zaldívar en su celular, proporcionada por su familia], lo que no se justifica de ninguna manera y será sancionado”, afirmó la funcionaria.
Los hechos indican que los parientes reportaron la desaparición de Edith Guadalupe el 15 de abril, tras perder contacto con ella cuando se dirigía a una entrevista de trabajo. La familia acudió al Ministerio Público con la localización en tiempo real que ubicaba a la víctima en el edificio de Avenida Revolución 829, colonia Nonoalco. Sin embargo, el personal de la Fiscalía de Desaparecidos les pidió esperar 72 horas para abrir la carpeta de investigación, un requisito contrario a la ley, además de solicitar dinero para iniciar las indagatorias.
Las autoridades llegaron finalmente al inmueble hasta las 20:30 horas del 16 de abril, pero no pudieron ingresar de inmediato debido a que la administradora del complejo negó el acceso y dijo que la joven no había entrado. El cuerpo fue localizado por las autoridades en la madrugada del 17 de abril. Según reportes, la víctima presentaba heridas en el tórax provocadas por un desarmador encontrado en la caseta de vigilancia, aunque otras valoraciones médicas iniciales sugieren que golpes muy fuertes podrían ser la causa del deceso, hipótesis que se confirmará con la necropsia.
La fiscal Alcalde Luján advirtió que solicitar dinero a las víctimas es una conducta inaceptable y anunció que se investigará si los funcionarios obstaculizaron el caso. Asimismo, se indagarán posibles actos de obstrucción de justicia por parte de la administradora y el vigilante del inmueble, quienes ya se encuentran declarando sobre el feminicidio. Respecto al avance del caso, Clara Brugada señaló: “De ninguna manera va a quedar este caso impune. Sabemos que ya hay un detenido y que se están investigando todos los puntos”.
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