Ciudad de Mexico, 29 de mayo de 2026.- El Senado de la República aprobó citar a reunión de trabajo a la gobernadora de Chihuahua, Maru Campos, y al fiscal de justicia de esa entidad, César Jauregüi. La reunión está programada para el próximo martes 28 de abril, con el propósito de que expliquen la presencia de agentes de la CIA en territorio nacional.
La bancada del Partido Acción Nacional (PAN) en el Senado votó a favor de la cita. Su coordinador, Ricardo Anaya, indicó que la gobernadora Maru Campos “no tiene inconveniente en venir, así es que con mucho gusto vamos a votar a favor de que venga la gobernadora de Chihuahua a explicarles cómo sí se combate al crimen organizado”.
Por otro lado, el senador de Movimiento Ciudadano, Luis Donaldo Colosio, votó en contra al argumentar que el proceso está violando la ley. “¡Por favor! Qué forma tan pasivo-agresiva de invitar a la Gobernadora… Una comparecencia disfrazada de invitación sigue siendo una comparecencia. Y una invasión de competencias formulada con cortesía, porque así dice, sigue siendo una invasión de competencias”, declaró Colosio.
En su intervención, Ricardo Anaya también demandó que se cite al gobernador de Sinaloa, Rocha Moya, y a la gobernadora de Sinaloa, Marina del Pilar. El legislador panista calificó como “impresentable” al gobernador sinaloense y solicitó que la mandataria estatal explique “por qué los Estados Unidos le canceló su visa y por qué su esposo, Carlos Torres, está acusado de ser la cabeza de un grupo del crimen organizado que, entre otras cosas, trafica con huachicol fiscal”.
Durante el debate, el senador de Morena, Gerardo Fernández, acusó que la presencia de agentes de la CIA en Chihuahua busca “generar condiciones de descarrilamiento del gobierno de la compañera presidenta, Claudia Sheinbaum Pardo. ¡No se los vamos a permitir!”, mientras que el también morenista Javier Corral acusó a Maru Campos de ser “mitómana, que miente como respira”.
El presidente de la Comisión de Puntos Constitucionales, Oscar Cantón, aseguró que el acuerdo aprobado “no significa sanción alguna”. Explicó que si la invitación es declinada, “no prejuzga ninguna culpabilidad penal, serán otras instancias y serán otras autoridades”. Cantón añadió que lo que sí tiene el Punto de Acuerdo es que el Senado “activará su mecanismo de control político, de rendición de cuentas y esclarecimiento documental plenamente razonable frente a hechos de posible relevancia constitucional y de seguridad nacional”.
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