Madrid, 31 de mayo de 2026.- Pedro Sánchez y su Gobierno intentan salir del nuevo agujero en el que le han metido dos nuevos escándalos: el caso Zapatero y el de los pagos a Leire Díez. La estrategia del Ejecutivo pasa por ganar tiempo, con la confianza de que la visita del Papa, el mundial y el verano podrán ofrecerle algo de respiro.
La presión de sus socios ha marcado el calendario político. Sumar presionó para que Sánchez anunciara rápido una comparecencia en el Congreso, aunque esta se realizará casi dentro de un mes. La cita parlamentaria está programada para cuando José Luis Rodríguez Zapatero haya declarado como imputado ante la Audiencia Nacional.
El expresidente ha sido imputado por posible tráfico de influencias en relación con Venezuela. Los hechos se remontan a noviembre de 2024, cuando Zapatero se reunió con Nicolás Maduro en el Palacio de Miraflores para presentarle el ‘Plan Z’. Esta propuesta incluía una reforma constitucional para acortar el periodo presidencial de seis a cuatro años, crear la figura de un primer ministro y establecer una ley de amnistía, con el objetivo de apartar a Maduro del poder ejecutivo.
Según los registros de la investigación, Maduro fue finalmente sacado a la fuerza del palacio por un comando militar estadounidense que atacó Caracas. Ante las preguntas sobre estos sucesos, el mandatario venezolano respondió únicamente: “Jamás”.
En medio de la turbulencia, los socios del Gobierno mantienen una postura cautelosa. No quieren ser responsables de tumbar al Ejecutivo con una moción de censura que abra la puerta a una alternativa formada por el PP y Vox.
Paralelamente, continúa el escándalo relacionado con Leire Díez, una exmilitante del PSOE que se dedicó a buscar información negativa sobre jueces, fiscales y policías que impulsaban algunos casos contra su partido.
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