junio 9, 2026
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Ciudad De México, 09 de junio de 2026.- El Departamento de Justicia de EE.UU. (DOJ) anunció este lunes que ha presentado demandas ante varios tribunales federales para revocar la ciudadanía estadounidense a 17 personas naturalizadas acusadas de cometer fraude durante sus procesos migratorios y de haber incurrido en delitos graves.

Entre los afectados se encuentra Andrea Marroquín, de 44 años, hija de un conocido capo de la droga colombiano asesinado entre 1998 y 1999. La justicia estadounidense presentó cuatro demandas contra la inmigrante, alegando que obtuvo su residencia permanente ocultando un matrimonio bígamo con un ciudadano estadounidense y consiguió la naturalización en 2009 tras esconder sus antecedentes delictivos.

Según los hechos extraídos, entre 2003 y 2011, Marroquín supuestamente participó en una conspiración para cometer fraude electrónico y bancario, así como lavado de dinero. La acusada habría utilizado fondos procedentes del narcotráfico de su difunto padre, que ascendían a decenas de millones de dólares, para financiar transacciones inmobiliarias fraudulentas en Miami, Florida. Asimismo, se señala que su tío, con quien mantenía una estrecha relación, fue condenado previamente por fraude hipotecario en una corte federal de ese estado.

Además de Marroquín, el DOJ ha acusado a otros 16 naturalizados originarios de países como Cuba, Haití, México, Jamaica, India, China, Filipinas y Somalia. Las acusaciones contra este grupo incluyen delitos como abuso sexual a un menor, fraude bancario y narcotráfico. Si estos procedimientos prosperan, las personas afectadas regresarían a su estatus migratorio previo y perderían todos los derechos asociados a la ciudadanía, incluida la protección frente a la deportación.

Esta ofensiva legal forma parte del endurecimiento de las políticas migratorias impulsado por la Administración del presidente Donald Trump desde su regreso a la Casa Blanca en enero de 2025. Todd Blanche, fiscal general interino, declaró: “Cuando los extranjeros con antecedentes penales se aprovechan del proceso de naturalización infringiendo la ley, hay consecuencias”.

Por su parte, Markwayne Mullin, secretario de Seguridad Nacional de Estados Unidos, enfatizó que “la ciudadanía estadounidense es un privilegio y debe ganarse honestamente”. El funcionario añadió: “Si vienes aquí, infringes nuestras leyes y mientes en tus procedimientos migratorios, pierdes ese privilegio”, indicando que el objetivo es evitar que “los estadounidenses sean perjudicados por criminales”.

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