Ciudad De México, 10 de junio de 2026.- Más de cien organizaciones de México y Estados Unidos exigieron a la presidenta Claudia Sheinbaum atender las crisis de derechos humanos y ambientales, criticando que el país está asumiendo los costos económicos, sociales y ambientales del Mundial de Fútbol 2026, mientras la FIFA y actores privados concentran la mayor parte de los beneficios.
Las organizaciones señalaron que “la FIFA proyecta ingresos de 8,911 millones de dólares en 2026. No pagará un peso de impuestos en México”, debido a las exenciones otorgadas para la realización del evento. Frente a esto, el Gobierno federal destinó más de 4,500 millones de pesos al torneo y ha creado fideicomisos mixtos cuya operación carece de información suficiente sobre los beneficiarios y los recursos involucrados.
Además, las autoridades anunciaron inversiones de hasta 2 mil millones de pesos en infraestructura de movilidad para las tres ciudades sede y el despliegue de 100 mil elementos de seguridad. El Instituto de Estudios sobre Desigualdad (Indesig) y la Red Nacional por la Vivienda alertaron sobre procesos de turistificación, aumento de rentas y presión inmobiliaria, impulsados por plataformas como Airbnb, lo que podría dificultar el acceso a la vivienda para los residentes.
El Instituto de Liderazgo Simone de Beauvoir (ILSB) indicó que las mujeres enfrentarán una parte importante de los costos laborales asociados al evento por su alta participación en sectores como hotelería, limpieza y comercio informal. “A ello se suma una sobrecarga de trabajo de cuidados que permanece invisible en cualquier cálculo de derrama económica”, afirmó el ILSB, que también advirtió sobre riesgos de violencia contra las mujeres y la ausencia de protocolos públicos suficientes.
En materia ambiental, la organización Conexiones Climáticas subrayó que el Mundial se desarrolla en un contexto de crisis climática con temperaturas récord. Las organizaciones denunciaron que persiste un modelo de desarrollo que favorece proyectos extractivos: “Actualmente nos encontramos experimentando la devastación de la selva maya y los océanos a manos de un modelo de desarrollo que prioriza las ganancias de las corporaciones frente a la protección de la vida en todas sus formas”.
El documento también coloca a México bajo escrutinio global en temas como migración y desplazamiento forzado. Se mencionó el desplazamiento de más de 2 mil personas en Chilapa, Guerrero, ocurrido durante mayo pasado, y se recordó que más de 190 mil personas mexicanas fueron deportadas desde Estados Unidos entre 2025 y marzo de 2026. Las organizaciones pidieron garantizar condiciones dignas para quienes son retornados y afirmaron que la próxima renegociación del T-MEC debe incorporar la protección de derechos humanos, laborales y ambientales.
Activistas de Greenpeace México desplegaron una manta de 21 metros de largo desde la Estela de Luz con un mensaje alusivo a la demanda. Las organizaciones concluyeron haciendo “un llamado a la presidenta Claudia Sheinbaum a dialogar con la sociedad civil y establecer compromisos para garantizar la justicia social y ambiental y el respeto a los derechos humanos para todas y todos”.
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