Ciudad De México, 12 de junio de 2026.- Manifestantes y elementos policiacos se enfrentaron afuera del Estadio Azteca durante el partido inaugural del Mundial 2026. El grupo de manifestantes, algunos encapuchados, buscaba llegar al recinto deportivo, pero cientos de elementos policiacos les impidieron el paso. Según la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la CDMX, en el enfrentamiento participaron 200 personas encapuchadas.
El llamado bloque negro lanzó piedras y vallas metálicas a los policías, quienes replegaron a los manifestantes hacia la avenida del Imán. Como resultado de las manifestaciones y el caos durante la inauguración, el Tren Ligero quedó inservible. Fue asegurada una mujer de 28 años que posiblemente participó en los hechos; un Juez Cívico determinó dejarla en libertad.
Las protestas fueron convocadas por diversos colectivos, incluyendo estudiantes de la UNAM y la UAM, normalistas de Ayotzinapa, maestros de la CNTE, jueces y magistrados en retiro forzado, madres y familias buscadoras de desaparecidos, personas contra el Genocidio en Gaza y organizaciones obreras como el Frente por las 40 Horas. Las principales movilizaciones tuvieron lugar sobre Calzada de Tlalpan, donde se reunirían madres buscadoras y estudiantes de Ayotzinapa para tratar de llegar al Estadio Ciudad de México, sede de la ceremonia de inauguración realizada el jueves 11 de junio.
Ante los hechos, el secretario de Seguridad federal, Omar García Harfuch, expresó su reconocimiento a los elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México (SSC) por su actuación. García Harfuch destacó que la labor de los policías capitalinos fue realizada con disciplina, firmeza y profesionalismo, y contribuyó a preservar el orden público. Indicó que las acciones se llevaron a cabo en coordinación entre el Gobierno de México y el Gobierno de la Ciudad de México, siguiendo instrucciones de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo.
Por su parte, la jefa de Gobierno capitalino, Clara Brugada Molina, quien observó el partido junto a la presidenta Sheinbaum en el deportivo Hermanos Galeana, celebró el triunfo de la selección mexicana. Frente a las movilizaciones, Brugada reiteró un mensaje de respeto a la manifestación y a la celebración del Mundial. “Siempre hay manifestaciones y se respetan. Pero aquí estamos conciliando varios derechos. Sí al derecho a manifestarse, a visibilizar las causas… pero también el derecho al libre tránsito; a poder participar en un gran evento y lo estamos garantizando”, señaló.
Mientras en la capital se reportaron los enfrentamientos, activistas defensores de derechos humanos advirtieron que Jalisco es un territorio riesgoso y que existe peligro de represión durante las actividades del Mundial 2026. Denisse Montiel, codirectora del Centro de Justicia para la Paz y el Desarrollo (Cepad), advirtió que están documentadas acciones de limpieza social en el centro de Guadalajara, así como la criminalización de la protesta, racismo, clasismo y procesos de militarización.
Montiel explicó que en Jalisco la protesta social suele verse como disturbios o masas violentas, lo que aumenta el riesgo de represión al no considerarse un derecho democrático. “Lamentablemente en nuestra entidad, en Jalisco sigue siendo la protesta social una conversación incómoda… hoy hablar de protesta social sigue siendo hablar de detenciones arbitrarias, de uso excesivo de la fuerza, de criminalización, de tortura, pero también de desaparición forzadas de corta duración”, dijo la activista.
En contraste, la presidenta municipal de Guadalajara, Verónica Delgadillo, afirmó que la ciudad es un espacio seguro para los turistas y aseguró: “estamos en las mejores condiciones para viajar a Guadalajara. Somos la mejor sede mundialista”. Esta declaración contradice la clasificación del Departamento de Estados Unidos, que ubicó a Jalisco con Nivel 3, advirtiendo a los turistas que es mejor reconsiderar el viaje. Para los días del Mundial, la policía de Guadalajara informó que mantendrá presencia con más de 17 mil oficiales de los tres niveles de gobierno, medida que para los activistas representa un riesgo de represión policiaca.