Por Redacción
Ciudad de Mexico, 27 de agosto de 2026.- La Red Feminista por el Acceso a la Justicia, integrada por siete organizaciones, presentó una guía titulada ‘Guía de actuación para visibilizar y atender las violencias y prácticas discriminatorias que ejercen las personas operadoras del sistema de justicia penal en México’. El documento busca abordar la violencia institucional y la discriminación que sufren las mujeres privadas de la libertad.
De acuerdo con datos de Prevención y Reinserción Social del Gobierno de México citados en el diagnóstico, el 49.4 por ciento de las mujeres encarceladas estaba sin sentencia hasta abril de 2025, frente al 38 por ciento de los hombres. Las mujeres representan un 5 por ciento de la población penitenciaria total, equivalente a 14 mil 28 personas para esa fecha.
La guía se construyó a partir de los testimonios de seis denunciantes y seis imputadas en Ciudad de México, Estado de México y Jalisco. Entre los patrones comunes detectados se encuentran la revictimización, la falta de perspectiva de género, el descrédito de sus testimonios y los obstáculos para acceder a la justicia.
El diagnóstico incluye el caso de María, quien pasó 19 años en prisión preventiva acusada de secuestro antes de ser absuelta en 2024. Durante su encierro, su hijo pasó de tener cinco años a ser adulto y ella se convirtió en abuela. Al salir a los 49 años, María enfrentó miedo, frustración y secuelas emocionales, además del reto de reconstruir su vida.
María Luisa Montoya García destacó que estos casos no son hechos aislados, sino el reflejo de un sistema penal que “castiga doblemente” a las mujeres. “Nos hemos dado cuenta de que la mujer es más fácilmente penalizada por el simple hecho de ser mujer”, señaló. Asimismo, advirtió sobre la tortura psicológica y física en las cárceles, donde las reclusas “también pueden ser violadas, vendidas o castigadas torturándolas si ellas no se prestan” a favores sexuales.
El documento también documenta el abandono sanitario, incluida la falta de productos de higiene menstrual y ropa íntima. Sobre esta carencia, Montoya García indicó: “Al no tener toallas sanitarias, terminan usando, no sé, un pedazo de trapo o lo que sea”. La activista subrayó que la iniciativa busca “visibilizar todo lo que la autoridad tendría que estar trabajando” en centros donde “se ha torturado mucho a la mujer, donde se le ha criminalizado y son más abandonadas por las familias”.
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