Por Redacción
Ciudad de Mexico, 15 de marzo de 2026.- Los acreedores Cargill y Banco Afirme obtuvieron un bloqueo judicial a la subasta de activos de Altos Hornos de México (AHMSA), al argumentar que conservan el derecho de ejecutar sus garantías prendarias de manera autónoma respecto a la masa concursal, lo que paraliza el proceso de venta de la empresa siderúrgica que acumula una deuda reconocida de 45 mil 170 millones de pesos. La medida, notificada a la jueza concursal Ruth Huerta, se fundamenta en créditos por 12 mil 385 millones de pesos de Cargill y 8 mil 309 millones de pesos de Afirme, que en conjunto representan el 46% del total de la deuda de la compañía.
La controversia legal surge en medio del proceso de concurso mercantil de AHMSA y su filial Minera del Norte (Minosa), que busca encontrar un comprador para reactivar las operaciones de la empresa con sede en Monclova, Coahuila. Los acreedores sostienen que sus garantías prendarias, vinculadas a activos específicos de la siderúrgica, les permiten actuar fuera del proceso concursal general para recuperar su inversión.
La participación de Banco Afirme añade un elemento de complejidad adicional, ya que su presidente, Julio César Villarreal Guajardo, es también dueño de Consorcio Villacero, grupo que intentó comprar AHMSA en el año 2020. Esta conexión empresarial genera interrogantes sobre los intereses estratégicos detrás del bloqueo a la subasta, más allá del reclamo financiero inmediato.
El monto total de la deuda de AHMSA, calculado en 5 mil 186 millones de Unidades de Inversión (UDI), equivalente a 45 mil 170 millones de pesos, coloca a la empresa como uno de los concursos mercantiles más significativos en la historia reciente de México. La paralización de la subasta por parte de dos de sus principales acreedores podría prolongar indefinidamente la incertidumbre sobre el futuro de la compañía y sus miles de trabajadores.
La resolución de este conflicto legal dependerá de la interpretación que la jueza Ruth Huerta realice sobre los derechos de los acreedores prendarios en el marco de la Ley de Concursos Mercantiles. El fallo sentará un precedente crucial para futuros casos de grandes empresas en quiebra y determinará si los acreedores con garantías específicas pueden eludir los procesos concursales colectivos para ejecutar sus pagos de manera individual.
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