Por Redacción
Ciudad de Mexico, 18 de marzo de 2026.- El gobierno de Estados Unidos, bajo la administración del presidente Donald Trump, anunció la construcción de 370 kilómetros de nuevo muro fronterizo con una inversión de 4,500 millones de dólares, en medio de crecientes críticas por la muerte de un solicitante de asilo bajo custodia migratoria y la salida de un alto funcionario de la Patrulla Fronteriza. Los hechos ocurren en un contexto de políticas migratorias restrictivas que incluyen operativos en ciudades del interior y tensiones sobre el posible despliegue militar en procesos electorales.
El proyecto de barrera, que incluye un tramo de 110 kilómetros entre El Paso, Texas, y Ciudad Juárez, Chihuahua, forma parte de los esfuerzos por reforzar la seguridad en la frontera sur estadounidense. La Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP) lidera la iniciativa, que según reportes ya está en marcha, aunque no se ha especificado una fecha exacta de conclusión.
Paralelamente, el Departamento de Seguridad Nacional (DHS) investiga la muerte de Mohammad Nazeer Paktiawal, un solicitante de asilo afgano que falleció bajo custodia del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) en Texas. Las autoridades reportaron que el hombre comenzó con dificultad respiratoria la noche de su detención, pero la causa oficial de muerte aún se desconoce y está pendiente de autopsia.
En otro frente, Gregory M. Bovino, jefe de la Patrulla Fronteriza del sector de El Paso, fue retirado de su cargo esta semana. Si bien no se ha dado un motivo oficial detallado, su salida se produce después de que dos ciudadanos estadounidenses, Renée Nicole Good y Alex Jeffrey Pretti, murieran durante operativos migratorios en Minneapolis, Minnesota, según informaron medios locales. No está claro si las muertes ocurrieron por acciones directas de agentes o en protestas relacionadas.
En una audiencia congresional, el secretario asistente Joseph M. Humire se reservó sobre una eventual decisión del presidente Trump de desplegar el ejército durante las elecciones, mientras que altos mandos militares, incluidos el general Gregory M. Guillot y el teniente general Francis L. Donovan, afirmaron que no acatarían una orden ilegal, revelando tensiones en la cadena de mando.
Estas medidas se enmarcan en una política migratoria que ha generado rechazo en diversas ciudades estadounidenses y preocupación por los derechos de los migrantes. Se estima que cerca de 38.8 millones de personas de origen mexicano residen en Estados Unidos, una comunidad que observa con atención el impacto de estas acciones. La situación sigue evolucionando mientras las autoridades estadounidenses enfrentan presiones internas y externas por el manejo de la frontera y los derechos de los detenidos.