Por Redacción
México, 18 de marzo de 2026.- El sistema de pensiones del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) enfrenta ajustes significativos en 2026, con un incremento programado en el costo de la Modalidad 40 y un proyecto en el Senado para modificar las llamadas ‘pensiones doradas’ de exfuncionarios de confianza. Paralelamente, se mantienen los requisitos para acceder a beneficios bajo la antigua Ley 73 y se especifican las condiciones para pensiones de orfandad.
La Modalidad 40, un esquema de cotización voluntaria para trabajadores que buscan mejorar su pensión bajo el régimen de 1973, continuará su encarecimiento progresivo establecido tras la reforma de 2020. Para este año, la tasa de cotización se ubica en 14.438%, lo que representa un costo mensual aproximado de 12,703 pesos para quienes cotizan con el salario máximo de 25 Unidades de Medida y Actualización (UMAs). Se proyecta que esta tasa alcance el 18.8% para 2030.
En el ámbito legislativo, la presidenta del Senado, Laura Itzel Castillo, confirmó que se avanza en una iniciativa para ajustar las pensiones de jubilación consideradas excesivas. La medida, según declaró a medios, estaría dirigida específicamente al personal de confianza de organismos públicos descentralizados y algunas sociedades nacionales de crédito, con el objetivo declarado de ‘eliminar privilegios’. Ejemplos citados en el debate incluyen casos de excoordinadores de Pemex que perciben mensualmente más de un millón de pesos.
Para los trabajadores que cotizaron bajo la Ley del Seguro Social de 1973 (conocida como Ley 73), el acceso a una pensión requiere acreditar al menos 500 semanas de cotización y tener 60 años de edad. Aunque algunos artículos mencionan la posibilidad de pensiones de hasta 50 mil pesos mensuales bajo este régimen, no se especifican casos concretos ni el número exacto de beneficiarios que alcanzarían dicho monto.
Por otro lado, el IMSS mantiene sus reglas para las pensiones por orfandad, las cuales se otorgan a hijos menores de 16 años de un trabajador fallecido. El beneficio se puede extender hasta los 25 años si el beneficiario se encuentra estudiando y no está cotizando en el Seguro Social, o de manera indefinida en caso de incapacidad.
Estos cambios se enmarcan en un esfuerzo por reformar el sistema de seguridad social mexicano, que busca equilibrar la sostenibilidad financiera del Instituto con la protección a los trabajadores, al tiempo que enfrenta críticas por los altos costos de algunos esquemas voluntarios y los beneficios considerados desproporcionados para ciertos grupos.
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