Por Redacción
Ciudad De México, 19 de marzo de 2026.- La crisis estructural en el sistema de justicia penal mexicano alcanzó niveles críticos este año, revelando que únicamente 10.55% de los casos logran una resolución efectiva, mientras la violencia contra las fuerzas de seguridad dejó un saldo de 82 policías asesinados solo en los primeros dos meses y medio de 2026. Estos datos, presentados por las organizaciones civiles México Evalúa y Causa en Común, dibujan un panorama de impunidad generalizada y riesgo extremo para los agentes encargados de la seguridad pública.
De acuerdo con el estudio ‘Radiografía de la Impunidad en México: Hallazgos del Sistema de Justicia Penal 2024’, elaborado por México Evalúa con base en información del INEGI, aunque 93.8% de las denuncias derivan en la apertura de una carpeta de investigación, el proceso se desmorona rápidamente. Solo 6.28% de estos casos logran avanzar hasta una acción penal, lo que significa que la gran mayoría de los delitos quedan en un limbo jurídico sin responsables señalados ni sanciones aplicadas.
La desconfianza en las instituciones ha propiciado que la cifra negra de delitos sea abrumadora en ciertas regiones. En estados como Coahuila y Durango, la subregistro es masivo: 90.7% y 92.6% de los delitos cometidos no fueron denunciados respectivamente. Esta tendencia refleja una percepción ciudadana de que acudir ante las autoridades no genera resultados, alimentando un ciclo de inseguridad que permanece oculto en las estadísticas oficiales.
Paralelamente, la organización Causa en Común alertó sobre la vulnerabilidad extrema de los cuerpos policiales. Entre el 1 de enero y el 10 de marzo de 2026, 82 uniformados fueron asesinados en el ejercicio de sus funciones. Esta cifra subraya la incapacidad del Estado para proteger a sus propios operadores de justicia, quienes enfrentan amenazas letales sin contar con estrategias de prevención eficaces o apoyo institucional suficiente.
La convergencia de estos factores —alta impunidad, bajo reporte ciudadano y violencia letal contra policías— configura un escenario de colapso funcional en la justicia penal. Los analistas señalan que sin reformas profundas que aseguren la persecución efectiva del delito y la protección real de los agentes, el sistema continuará operando como un mecanismo simbólico incapaz de garantizar derechos o seguridad.
Ante este contexto, las organizaciones civiles exigen al gobierno federal y a las autoridades locales revisar urgentemente los protocolos de investigación y las políticas de protección policial. La falta de respuestas contundentes no solo perpetúa la injusticia para las víctimas, sino que normaliza la violencia como el único medio de resolución de conflictos en amplias zonas del país.
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