Por Redacción
Ciudad de Mexico, 19 de marzo de 2026.- La Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) dictaminó que las capturas de pantalla de conversaciones de WhatsApp constituyen comunicaciones privadas inviolables y carecen de eficacia probatoria cuando se presentan sin el consentimiento de los interlocutores. La resolución revoca una sentencia anterior y establece criterios reforzados para la validez de pruebas digitales en procedimientos sancionadores.
El caso que originó este precedente involucró una denuncia de violencia política en razón de género contra la diputada local con licencia de Morena, Almendra Negrete Sánchez. Las pruebas presentadas consistían en capturas de conversaciones privadas de WhatsApp entre la ciudadana María Emma Zermeño López y un amigo, las cuales fueron aportadas ante notario por uno de los interlocutores.
El magistrado Felipe de la Mata Pizaña, autor del proyecto de resolución, estableció que el uso de comunicaciones privadas en procedimientos sancionadores debe pasar por un estándar reforzado de voluntariedad, trazabilidad y autenticidad. Esto significa que las pruebas digitales deben garantizar que no han sido manipuladas ni obtenidas ilegalmente.
Existe una contradicción notable entre las instancias del tribunal. La Sala Regional había considerado lícitas las pruebas bajo el argumento de que un interlocutor las aportó voluntariamente ante notario. Sin embargo, la Sala Superior rechazó este criterio al considerar que viola la inviolabilidad de las comunicaciones privadas protegidas constitucionalmente.
La decisión sienta un precedente relevante en el sistema judicial mexicano para casos que involucren comunicaciones electrónicas. Los criterios clave establecidos para la validez de pruebas digitales incluyen que sean aportadas voluntariamente por una de las partes de la controversia, cuenten con trazabilidad documentada y se verifique su autenticidad mediante medios técnicos apropiados.
Esta resolución tiene implicaciones para futuros procedimientos electorales y sancionadores donde se pretendan utilizar mensajes de aplicaciones de mensajería como evidencia. Los tribunales deberán ahora exigir mayores garantías de procedencia legal antes de admitir este tipo de material digital como prueba válida.
El TEPJF no especificó consecuencias legales inmediatas tras la revocación, pero el precedente quedará disponible para consulta en casos similares. La determinación refuerza la protección de datos personales y comunicaciones privadas en el ámbito del derecho electoral mexicano.
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