Ciudad De México, 24 de marzo de 2026.- El exgobernador de Baja California, Jaime Bonilla Valdez, fue vinculado a proceso por los delitos de abuso de autoridad, peculado y uso ilícito de atribuciones y facultades, relacionados con el contrato de la planta fotovoltaica Next Energy. La decisión fue emitida por el juez de control Gerardo Anguiano Ceja, quien determinó que existían pruebas suficientes para someter al exfuncionario a juicio penal tras una audiencia que se extendió por más de 23 horas.
De acuerdo con la Fiscalía General del Estado de Baja California, el proyecto Next Energy comprometía al erario estatal a realizar pagos mensuales de 123 millones de pesos durante un periodo de 30 años, lo que representaría una deuda superior a los 37 mil millones de pesos. La obra, planeada para el Valle de Mexicali, nunca se construyó, generando acusaciones de daño al patrimonio público durante la administración de Bonilla, quien gobernó la entidad de noviembre de 2019 a octubre de 2021.
Durante la audiencia, la defensa del exmandatario presentó cinco líneas argumentativas para contrarrestar los señalamientos. Los abogados Humberto Velazco e Hiram Sánchez sostuvieron que los delitos imputados corresponden a actos de corrupción que deberían ser investigados por la fiscalía especializada en la materia. Asimismo, argumentaron que el pago de los 123 millones de pesos se realizó entre el 20 de enero y el 11 de febrero de 2022, fechas posteriores al término de la gestión de Bonilla, por lo que no podría ser responsable de dichos actos.
Respecto al delito de uso ilícito de atribuciones y facultades, la defensa aseguró que la situación se relaciona con la adquisición de un crédito fiscal y que el proyecto fotovoltaico constituía un contrato plurianual para la adquisición de un servicio, no para la construcción de una planta, por lo cual no cumplía con las condiciones para la tipificación de dicha actividad ilegal. A pesar de estos argumentos, el juez de control consideró que existían elementos suficientes para vincular a proceso al acusado bajo la calidad de coautor con dolo.
Como medida cautelar, el magistrado impuso a Jaime Bonilla Valdez una garantía económica de alrededor de 100 mil pesos y otorgó un plazo de seis meses para el cierre de la investigación complementaria. El exgobernador, quien posteriormente asumió la dirigencia estatal del Partido del Trabajo (PT), deberá enfrentar el proceso judicial por las irregularidades detectadas en los permisos y compromisos financieros del fallido proyecto energético.
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