marzo 25, 2026
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Ciudad De México, 25 de marzo de 2026.- La Cámara de Diputados aprobó ayer, 24 de marzo, una reforma a la Ley de Vivienda que sustituye el concepto de “vivienda digna y decorosa” por el de “vivienda adecuada”, definiendo este nuevo término bajo criterios de accesibilidad, habitabilidad, seguridad en la tenencia y ubicación. La votación en lo general registró 356 votos a favor, 99 en contra y cero abstenciones, mientras que en lo particular se contó con 354 votos a favor y 95 en contra, siendo impulsada por la fracción de Morena y sus aliados legislativos.

La modificación legal permite que organismos como Infonavit y Fovissste adquieran, rehabiliten y construyan viviendas directamente, así como urbanizar terrenos para enajenar o arrendar los inmuebles resultantes. Según el dictamen aprobado, estas acciones deberán contar con la autorización de sus órganos de gobierno y ceñirse a programas específicos, salvaguardando en todo momento la solvencia financiera de los fondos y los derechos adquiridos por los trabajadores.

Durante el debate, legisladores de la oposición, incluyendo al PAN y al PRI, cuestionaron la posibilidad de utilizar las subcuentas de vivienda de los trabajadores para financiar estos nuevos proyectos de construcción y rehabilitación. La diputada Blanca Gutiérrez Garza, del PAN, expresó reservas sobre el modelo, aunque su declaración completa no fue detallada en los registros disponibles del proceso.

En paralelo a la aprobación legislativa federal, se reporta que el estado de Sonora es el primero en aplicar el Programa Nacional de Vivienda para el Bienestar bajo este nuevo esquema. Las cifras indican que la meta de viviendas en la entidad se expandió de 33,800 a 65,000 unidades; actualmente se encuentran 9,694 en construcción y 18,126 en fase de planeación, acciones en las que participa la administración del gobernador Alfonso Durazo Montaño.

La iniciativa, originada por la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo y fundamentada en la Comisión de Vivienda por Maribel Martínez Ruiz, será enviada ahora al Senado de la República para sus efectos constitucionales. El cambio conceptual busca alinear la legislación mexicana con estándares internacionales que priorizan no solo la estructura física, sino la integración social y urbana del hogar.

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