Phoenix, 27 de marzo de 2026.- El Departamento de Justicia de Estados Unidos presentó una acusación formal modificada contra Laurence Gray, de 65 años, y Barrett Weinberger, de 73, propietarios y operadores de la armería “Grips by Larry” en Arizona, por conspirar para proporcionar apoyo material a organizaciones terroristas extranjeras. Según la fiscalía federal, los acusados vendieron armas de fuego a sabiendas de que serían traficadas a México para abastecer al Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) y al Cártel de Sinaloa (CDS), grupos que fueron designados oficialmente como organizaciones terroristas en febrero de 2025.
La investigación detalla que Gray y Weinberger realizaron ventas ilegales en cinco ocasiones distintas entre febrero y mayo de 2025. La acusación señala que Gray intentó suministrar armamento al CJNG y conspiró para proveer equipo tanto a esta organización como al Cártel de Sinaloa durante ese periodo, aprovechando su licencia federal para operar el negocio de venta de armas cerca de la frontera con Sonora.
Este caso marca un precedente jurídico, ya que es la primera vez que se imputan cargos criminales por apoyo material al terrorismo contra un armero por vender weapons a estos grupos delictivos específicos. La posibilidad de levantar estos cargos surgió después de que el Departamento de Estado de Estados Unidos incluyera al CJNG y al CDS en la lista de Organizaciones Terroristas Extranjeras a principios de 2025, lo que permite perseguir legalmente a quienes brinden asistencia logística o material a dichas entidades.
Además de los nuevos cargos de terrorismo, la acusación mantiene los delitos originales relacionados con el tráfico de armas, la complicidad en compras realizadas por testaferros y la presentación de declaraciones falsas durante la adquisición de firearms. De ser hallados culpables, los acusados enfrentan penas que oscilan entre 10 y 20 años de prisión por los delitos más graves, según lo establecido en la legislación federal aplicable a estos casos.
Gray compareció ante un tribunal federal en Phoenix para la lectura de los cargos. La acción judicial subraya la estrategia de las autoridades estadounidenses para combatir el flujo de armamento de alto poder hacia México, identificando a los comerciantes que facilitan el equipamiento de los cárteles como actores clave en la violencia transnacional.
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