Ciudad De México, 27 de marzo de 2026.- La Cámara de Diputados aprobó este miércoles 25 de marzo la reforma constitucional para establecer un tope a las pensiones del personal de confianza en el sector público, fijando el límite máximo en la mitad de la remuneración del titular del Ejecutivo federal, cantidad que asciende aproximadamente a 70,000 pesos mensuales. La iniciativa, impulsada por la presidenta Claudia Sheinbaum y ya avalada previamente por el Senado con 109 votos a favor y seis abstenciones, modificó el artículo 127 de la Constitución con el respaldo de 458 legisladores en lo general, sin votos en contra ni abstenciones en el pleno.
La aprobación en San Lázaro se dio en un contexto de tensión política y social. Aunque el coordinador del Partido Revolucionario Institucional (PRI), Rubén Moreira, anunció que su bancada votaría a favor de la minuta, expresó públicamente su inconformidad por las omisiones en el texto y advirtió sobre el riesgo de que la medida tenga efectos retroactivos, una preocupación que comparte la oposición y diversos grupos de trabajadores.
En las afueras del Palacio Legislativo y en el Congreso local de Baja California, jubilados y pensionados se manifestaron para rechazar la reforma. Victoria Bentley, lideresa de Unidos en la Defensa de ISSSTECALI, fue voz de los afectados quienes temen que el recorte aplique para quienes ya están retirados o están por lograrlo tras décadas de servicio. Las protestas reflejan el rechazo de sectores que consideran la medida un despojo a derechos adquiridos.
Pedro Haces Barba, diputado de Movimiento de Regeneración Nacional (Morena), defendió la iniciativa calificándola como una corrección necesaria a los privilegios históricos en el servicio público. La postura oficialista sostiene que la medida busca equilibrar las finanzas públicas y eliminar las llamadas “pensiones doradas” en organismos descentralizados, empresas públicas y fideicomisos, aunque persiste la incertidumbre sobre la lista definitiva de entidades sujetas al nuevo régimen.
La controversia central radica en la falta de claridad sobre la aplicabilidad retroactiva de la norma. Mientras los legisladores oficialistas insisten en que se trata de una regulación prospectiva, las advertencias del PRI y los testimonios de los manifestantes apuntan a un vacío legal que podría afectar a trabajadores que cotizaron bajo reglas diferentes. La reforma ahora deberá ser analizada en su totalidad para definir los mecanismos de implementación y las posibles excepciones, como las relativas a las Fuerzas Armadas o los sistemas complementarios.
Con esta aprobación, el gobierno federal avanza en su agenda de austeridad republicana, enfrentando el desafío de conciliar el discurso de equidad con la seguridad jurídica de los servidores públicos. El debate legislativo continuará enfocado en los detalles reglamentarios que determinarán el impacto real en las economías de miles de pensionados y activos del sector paraestatal.
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