Trenton, 27 de marzo de 2026.- La Fiscalía General de la Nación de Colombia anunció la emisión de órdenes de captura contra siete cabecillas de la disidencia armada conocida como Segunda Marquetalia, a quienes responsabiliza del asesinato del senador Miguel Uribe Turbay. La decisión judicial fue confirmada este martes por la titular de la entidad, Luz Adriana Camargo, quien detalló que entre los principales implicados se encuentran alias Iván Márquez, John 40 y Zarco Aldinever.
De acuerdo con la investigación adelantada por las autoridades colombianas, el magnicidio no fue un acto aislado, sino el resultado de una operación criminal estructurada que involucró a una red delictiva urbana operando bajo un esquema de outsourcing y al grupo armado ilegal. La fiscal Camargo explicó que la articulación entre ambas estructuras fue realizada presuntamente por Kendry Téllez Álvarez, señalado como el determinador encargado de inducir la comisión del delito.
Como parte de las medidas para localizar a los prófugos, se han establecido recompensas económicas significativas. Por alias Iván Márquez se ofrece una suma de cinco mil millones de pesos, mientras que por John 40 y Zarco Aldinever la recompensa es de cuatro mil millones de pesos para cada uno. Estas cifras reflejan la prioridad que tiene para el Estado la captura de los máximos líderes de la organización.
El proceso judicial también ha puesto bajo la lupa el desempeño de la Unidad Nacional de Protección (UNP). Augusto Rodríguez, director de dicha entidad, figura en el contexto de las investigaciones que apuntan hacia posibles responsabilidades administrativas y preventivas relacionadas con la seguridad del legislador fallecido. Las autoridades mantienen la postura de que las instrucciones dadas por la Segunda Marquetalia estaban orientadas a generar un impacto sobre la democracia y los procesos políticos del país.
La identificación de estos siete responsables marca un punto de inflexión en el caso, vinculando directamente a la cúpula de la disidencia fariana con el atentado perpetrado el año pasado contra el precandidato presidencial. Mientras tanto, continúan los esfuerzos coordinados entre la Fiscalía y los organismos de seguridad para ejecutar las órdenes de captura y llevar ante la justicia a los autores intelectuales del crimen.
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