Monterrey, 30 de junio de 2026.- Efraín Zúñiga García, ciudadano mexicano de 38 años, se declaró culpable en Estados Unidos de conspirar para traficar a miles de extranjeros hacia ese país con fines de lucro. El Departamento de Justicia informó el lunes 29 de junio de 2026 sobre esta declaración, en la que Zúñiga García admitió los cargos de conspiración para llevar extranjeros a Estados Unidos, llevar a un extranjero por beneficio económico y complicidad.
De acuerdo con la investigación, Zúñiga García operó una casa de seguridad en Monterrey, Nuevo León, donde coordinó con otros miembros de la organización para albergar a los extranjeros. Posteriormente, los entregaba a guías armados, conocidos como ‘coyotes’, que los cruzaban por el Río Grande hacia Estados Unidos. La red también utilizó otra casa de seguridad en Piedras Negras.
La organización operó entre noviembre de 2020 y septiembre de 2023, introduciendo ilegalmente a miles de individuos procedentes de Afganistán, Yemen, Egipto, India, Pakistán, Colombia, Guatemala, Honduras y Ecuador. Un traficante pakistaní radicado en Brasil contactaba inicialmente a las personas y colaboraba con un traficante en San Antonio, Texas, y con el ciudadano hondureño Enil Edil Mejía Zúñiga.
Enil Edil Mejía Zúñiga dirigía las operaciones y pagaba a los guías, conductores y operadores de las casas de seguridad, incluido Zúñiga García. Mejía Zúñiga admitió que la organización traficó entre 2,500 y 3,000 extranjeros en solo dos años, cobrando entre 6,500 y 12,000 dólares por persona, lo que generó ganancias económicas entre 16 y 30 millones de dólares.
Previamente, Enil Edil Mejía Zúñiga recibió una condena de 10 años de prisión en julio de 2025, mientras que la mexicana Mónica Hernández Palma, de 34 años, recibió una sentencia de 41 meses de prisión en mayo de 2026. Por su parte, Zúñiga García fue extraditado a Estados Unidos desde México con apoyo de la Oficina de Asuntos Internacionales del Departamento de Justicia y autoridades policiales de México.
Zúñiga García enfrenta ahora una pena mínima obligatoria de tres años de prisión, aunque aún no se ha fijado una fecha para su audiencia de sentencia. Este caso forma parte del trabajo de Joint Task Force Alpha (JTFA), un esfuerzo del Departamento de Justicia para perseguir redes de alto impacto dedicadas al tráfico y trata de personas, el cual ha logrado hasta ahora más de 464 arrestos nacionales e internacionales.
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