Por Redacción
Ciudad de Mexico, 31 de julio de 2026.- La verdadera calificación de candidatos no será en México, sino que al final dependerá de la justicia de Estados Unidos,存在ndo el riesgo de su injerencia en el proceso electoral del año próximo. Aunque el Instituto Nacional Electoral (INE) tendrá su comisión, la gran decisión reside fuera del país.
En México existen controles internos desde hace tiempo realizados por la Unidad de Inteligencia Financiera, el Sistema de Administración Tributaria, la Fiscalía General de la República y otras instituciones. Sin embargo, estos no han resultado efectivos, pues a la postre se conocen las malas mañas y nexos de diversos funcionarios.
De haber sido eficaces dichos controles, no se tendría con licencia al gobernador constitucional de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, ni a Enrique Inzunza Cázares alejado del Senado, además de otros exservidores públicos huidos que han proporcionado datos a satisfacción de Estados Unidos. Tampoco se conocerían casos como el del presidente municipal de Tequila, Diego Rivera Navarro, y otros alcaldes detenidos en Jalisco, Morelos y otros estados por sus ligas con la delincuencia, ni los alcances del grupo criminal de La Barredora formado por Hernán Bermúdez Requena desde la Secretaría de Seguridad Pública de Tabasco.
La situación de Rubén Rocha Moya ilustra este escenario: en México poco importaron las denuncias endilgadas en las elecciones de 2021, pero casi cinco años después llegó el golpe desde el tribunal federal del sur de Nueva York con la acusación “de haberse asociado con el Cártel de Sinaloa para distribuir cantidades masivas de narcóticos a Estados Unidos”. Actualmente, hay muchos “cantantes”, destacando el exsecretario de Seguridad Gerardo Mérida Sánchez y el extitular de Administración y Finanzas Enrique Díaz Vega.
Surge la interrogante de qué pasaría si desde el norte hicieran nuevas acusaciones contra candidatos de cualquier partido durante la campaña. Esto podría llevar a anular las autorizaciones otorgadas por el INE, basándose en juicios de los consejeros Arturo Chávez, Uuc-kib Espadas y Norma de la Cruz, integrantes de la comisión recién instalada. Ya existen aspirantes con dificultades, como los bajacalifornianos Julieta Ramírez, Montserrat Caballero e Ismael Burgueño, todo a partir de las visas.
En otro orden de ideas, la presidenta Claudia Sheinbaum puso una muestra del derecho de las audiencias al desmentir propósitos de censura y reivindicar la facultad de toda persona para elegir qué consumir informativamente: “Quien no quiera ver la Mañanera que no la vea”, dijo ayer. Bajo este enfoque, la decisión no le corresponde al gobierno calificar notas periodísticas ni descalificar públicamente a periodistas y medios, un contexto bajo el cual muchos verían bien que la Comisión Reguladora analice en consulta pública.
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