Ciudad De México, 28 de marzo de 2026.- Las autoridades federales dieron a conocer la actualización del Registro Nacional de Personas Desaparecidas y No Localizadas, el cual asciende a un total histórico de 394,645 registros acumulados entre 1952 y 2026. De esta cifra global, se ha confirmado la ubicación de 262,111 personas, lo que representa el 66% del total, mientras que 132,534 casos mantienen estatus de desaparecidos.
Según los datos duros presentados por la Secretaría de Gobernación y el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP), del universo de personas localizadas, 240,211 fueron encontradas con vida (92%) y 21,900 sin vida (8%). En cuanto a los casos activos, el informe detalla que 130,178 desapariciones ocurrieron a partir de 2006, concentrando la mayor parte de la búsqueda actual, mientras que 2,356 casos corresponden al periodo comprendido entre 1952 y 2005.
La administración de la presidenta Claudia Sheinbaum, junto con la secretaria Rosa Icela Rodríguez y otros funcionarios involucrados como Marcela Figueroa y Félix Arturo Medina, explicó la metodología de clasificación para los casos posteriores a 2006. El registro se dividió en tres grupos: 46,742 casos (36%) que carecen de datos suficientes; 40,308 (31%) donde se ha identificado actividad posterior al reporte de desaparición; y 43,128 (33%) que cuentan con datos completos pero sin actividad reciente.
Derivado de este ejercicio de depuración y análisis, las autoridades informaron que ya se ha logrado ubicar a 5,269 personas pertenecientes al grupo con actividad posterior. Asimismo, se destacó que, del grupo con datos completos, únicamente 3,869 casos cuentan actualmente con una carpeta de investigación formalizada. Durante el lapso de octubre de 2024 a marzo de 2026, se reportó la localización de 31,946 personas.
Este informe se presenta en el contexto de la reforma legal de 2025 a la Ley General en materia de desaparición de personas, la cual establece nuevas obligaciones para las instituciones encargadas de la búsqueda. Entre los cambios normativos destaca la obligación de abrir carpetas de investigación ante el primer reporte y la necesidad de integrar datos mínimos en los registros para facilitar el rastreo.
La presentación de estas cifras ocurre en un entorno donde colectivos de búsqueda y sectores de la oposición política, incluyendo declaraciones de la senadora Kenia López Rabadán, han exigido transparencia respecto a los métodos utilizados para la revisión del padrón. La discrepancia en la proporción de casos con carpeta de investigación frente al total de desaparecidos activos continúa siendo un punto de atención en la agenda de seguridad pública del país.
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