Por Redacción
Ciudad de Mexico, 18 de marzo de 2026.- La alcaldesa de Cuauhtémoc, Alessandra Rojo de la Vega, y el secretario de Vivienda de la Ciudad de México, Inti Muñoz Santini, se enfrentaron públicamente por la responsabilidad en el colapso de un edificio en la colonia San Antonio Abad que dejó tres personas muertas el pasado 9 de marzo. La disputa gira en torno a quién debía supervisar la demolición del inmueble ubicado en el número 124 de dicha calle, cuya autorización fue inicialmente negada por graves riesgos pero otorgada tres días después mediante un polémico “Acuerdo de Facilidades”.
Rojo de la Vega sostuvo que, una vez firmado el acuerdo, la supervisión, coordinación y garantía de seguridad de la obra recaía de manera ineludible en el gobierno capitalino. “La demolición debía ser supervisada por el gobierno de la Ciudad de México mediante Acuerdo de Facilidades, que obligaba a las autoridades de la Ciudad de México a supervisar la obra, coordinar el proceso y garantizar la seguridad”, declaró la alcaldesa, calificando la decisión de autorizar la obra como deliberada y no un error.
Por su parte, el secretario Inti Muñoz Santini rechazó esa versión en una conferencia de prensa, argumentando que la responsabilidad primaria de vigilancia correspondía a la alcaldía, con o sin el acuerdo. Este choque de versiones deja en el aire la rendición de cuentas por el accidente, ocurrido en un predio cuya demolición fue rechazada el 17 de octubre pasado tras detectarse al menos diez riesgos graves, según los reportes iniciales.
El incidente expone las grietas en los protocolos de supervisión de obras de riesgo entre el gobierno central y las alcaldías. Mientras las autoridades se culpan mutuamente, la investigación para determinar las causas técnicas exactas del derrumbe y la posible responsabilidad penal de la empresa propietaria del edificio —cuya identidad no ha sido oficialmente revelada— sigue su curso. Tampoco se han dado a conocer los nombres de las tres víctimas mortales.
Este caso revive el debate sobre el uso de los “Acuerdos de Facilidades”, mecanismos que, según críticos, a veces eluden los filtros de seguridad regulares. La tragedia en San Antonio Abad pone presión sobre la jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum, para clarificar los protocolos y evitar que disputas jurisdiccionales derivan en pérdida de vidas, en medio de una intensa transformación urbana en el centro de la capital.
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